Con el IFE se evitó que 2,8 millones personas caigan en la pobreza

Más de la mitad de los menores de 24 años debió recurrir al ingreso y el 55,7% de los beneficiarios del programa son mujeres. En este informe te contamos todo lo que no sabes sobre la prestación con mayor alcance de la historia Argentina.

El Ingreso Familiar de Emergencia es una política pública impulsada por el Estado Nacional a días de decretarse el aislamiento social preventivo y obligatorio, que tiene como objetivo único, compensar la disminución o pérdida de ingresos de las personas afectadas por la crisis de la COVID-19. No obstante, el IFE dejó al descubierto situaciones estructurales por las que tantas personas tuvieron que recurrir a la ayuda.

Alrededor de 9 millones de personas accedieron al ingreso, y se evitó que 2,8 millones no caigan en la pobreza, datos que reflejan que el IFE es la prestación de más amplio alcance de la historia, ya que cubre a un quinto de la población, cifra que aumenta si se tiene en cuenta por hogar y no por persona. Sólo el primer pago representó transferencias por 0,3 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), y cuando se complete el tercer pago, alcanzará casi el 1”del producto (270 mil millones de pesos.

“Quedate en casa” fue la primera consigna con la que el presidente Alberto Fernández anunció, por aquel entonces, la primera etapa de la cuarentena; si bien la medida demostró su efectividad a nivel sanitario, se abrieron grandes interrogantes sobre cómo paliar los efectos de una economía que que ya sufría los efecto de la crisis pre pandemia: entre febrero del 2019 y enero del 2020, en la Argentina sólo el 9,3 % del total de beneficiarios del IFE tuvieron al menos un mes de trabajo en relación de dependencia formal. Y según datos del INDEC, en el  segundo semestre de 2019 la incidencia de la pobreza en hogares era del 25,9% (35,5% en personas) y la de la indigencia del 5,7% (8,0% en personas). 

Además para millones de trabajadores que salen de sus hogares cotidianamente para ganar dinero y subsistir, el aislamiento implicó no generar ingresos que muchas veces son el único sostén económico: changarines, monotributistas, vendedores ambulantes, empleadas de casas particulares, trabajadores de la construcción. Así el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), busca llegar a todas esas personas que producto de la crisis por la COVID-19 se ven privadas de generar ingresos como también de acompañar mediante el beneficio a otros sectores también vulnerables. 

Se trata entonces de una transferencia directa de $10.000, que equivale al 75% del Salario Mínimo Vital y Móvil, que se pagará por tercera vez en todo el país para “seguir sosteniendo las necesidades económicas”, aseguró el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero;  a pesar de que en un primer momento se pagaría sólo en las zonas más comprometidas por la pandemia, como el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y Chaco.

Cabe destacar que el IFE es compatible con la percepción de ingresos provenientes de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o por Embarazo para Protección Social, de asignaciones familiares correspondiente al subsistema contributivo para personas inscriptas en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, de asignaciones familiares para los trabajadores y trabajadoras del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares y del programa PROGRESAR.

 “Empezar por las y los últimos”  

A partir del informe Análisis y desafíos para la transferencia de ingresos a trabajadores/as precarios/as del Ministerio de Economía, la Secretaría de Política Económica y Dirección General de Economía Igualdad y Género, se conocieron datos específicos sobre el acceso al Ingreso Familiar de Emergencia, arrojados de la Encuesta Permanente de Hogares realizada de manera trimestral en 31 aglomerados urbanos por el INDEC, que permitió caracterizar la población que había sido identificada como prioridad para el beneficio.  

Los siguientes datos pertenecen al informe y corresponden al 3er trimestre 2019 proyectados a la población estimada para el 2020 a partir del censo de 2010, 13.112.061 personas se encuentran dentro del filtro desarrollado, de las cuales 6.116.968 son la población objetivo del IFE: 

  • Del total de personas admitidas para solicitar el ingreso, alrededor del 42,5% son asalariados/as informales, el 35,6% son cuentapropistas, el 18,3% son desocupados/as y el 3,7% son trabajadoras de casas particulares: 



  • La distribución de las categorías del IFE varía de acuerdo a la edad de los/as posibles perceptores. Los/as jóvenes de 18 a 25 son, dentro de este universo, mayoría entre los asalariados informales y los desocupados, además de que tienen las tasas más altas de pobreza junto el grupo etario de 46 a 65 años (en indigencia, en cambio, son las personas entre 36 a 45 años las más afectados). Los más jóvenes son casi en su totalidad informales (98,8%), mientras que en el total de los segmentos considerados la informalidad es de 92,1%.


  • Desde el punto de vista de los ingresos, se observa que el 64% de los posibles titulares del IFE son pobres y el 17,9% son indigentes y, por este motivo, más de la mitad de la población sobre la cual hace foco el IFE (51,7%) se concentra dentro de los 2 deciles de menores ingresos per cápita familiar. 



  • Las actividades de la construcción, obras y redes son la que mayor cantidad de distribución concentra con 17,4%, seguido por la comercialización directa (15,8%), servicios domésticos (11,9%) y producción industrial y artesanal (9,5%), concentran a más de la mitad de la población potencialmente beneficiaria del IFE. Pero si además incluimos otras actividades restantes (cuidado y atención de personas, transporte, gastronomía, reparación de bienes de consumo, servicios de limpieza no domésticos), se observa que el 77,7% de la población ocupada que potencialmente puede recibir el IFE trabaja en actividades que se ven extremadamente restringidas por las políticas de aislamiento social. 


  • Gran parte de estas actividades se concentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los partidos del Gran Buenos Aires, significa que más de la mitad (55,2%) de las/os potenciales titulares/os de IFE se concentran en esta región y un 24,3% en la región pampeana. Sigue la región noroeste, donde reside el 9,6%; región de Cuyo con el 5,8% de las potenciales titulares. Las regiones Noreste y Patagonia son las que menor peso tienen entre la población analizada, con 2,4% y 2,8% respectivamente. Sin embargo en este punto, es necesario recordar que la EPH es una encuesta que releva aglomerados urbanos, con lo cual mientras mayor sea el porcentaje de zonas rurales, menor la representación que tiene su población en los resultados de esta fuente. 



Feminización de la pobreza 

Si bien el presupuesto nacional vinculado con políticas de género ascendió a 769.727 millones de pesos, en la Argentina la brecha de ingresos es de 27,7% y aumenta cuando se trata de trabajos informales, alcanzando el 36,8%, según el informe Políticas públicas y perspectiva de género, del Ministerio de Economía, la Secretaría de Política Económica y Dirección General de Economía Igualdad y Género, y realizado por Mercedes D'Alessandro, Sol Prieto, Victoria O'Donnell y Florencia Tundis. 

Políticas como el Ingreso Familiar de Emergencia, aumentos de las jubilaciones y refuerzos en asignaciones familiares tuvieron mayor impacto en mujeres. Los siguientes datos corresponden a dicho informe: 


  • El 67,3 por ciento de quienes perciben las jubilaciones mínimas son mujeres. De los adultos mayores que se jubilan con moratoria, el 87,2 % lo hace con el haber mínimo. En la actualidad, el 85 % de las trabajadoras que se jubilan lo hacen a través de una moratoria. Sólo el 11,2 % de las mujeres en edad de jubilarse (entre 55 y 59 años) cuentan con más de 20 años de aportes. Es decir, solo 1 de cada 9 mujeres en edad de jubilarse podría hacerlo sin una moratoria. 



  • Alrededor de 4.282.302 niños, niñas y adolescentes reciben AUH. El 94,7% de los y las titulares de AUH son mujeres (madres, tutoras o encargadas). La AUH es una prestación no contributiva para protección social que consiste en una asignación monetaria mensual de $3.293 que se abona por cada hijo o hija menor de 18 años (o sin límite de edad cuando se trate de un hijo/a discapacitado/a), hasta un máximo de 5 hijos/as.  

En cuanto al trabajo doméstico, es fundamental destacar que “la principal ocupación de las mujeres en Argentina es el trabajo doméstico”, según el informe Políticas públicas y perspectiva de género. En este sentido, el acceso al IFE consolidó una de las medidas de apoyo más importante para las trabajadoras que, frente a la imposibilidad de salir de sus hogares, no pudieron realizar sus trabajos:

  • El 2,4% de quienes recibieron la segunda etapa del IFE son empleadas domésticas. El 96,4% de las beneficiarias son mujeres, lo que hace el trabajo doméstico en casas particulares la ocupación más importante del empleo femenino: el 16,9% de las mujeres ocupadas se dedican a esta actividad.  

Tal como dice el informe: “Su inclusión dentro del IFE contribuye a aminorar los efectos de la crisis sobre un sector especialmente relevante en el empleo de las mujeres. Dada esta gran vulnerabilidad en el sector, el IFE incluye también a las trabajadoras de Casas Particulares formales.” 

En este sentido que se creó la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado que coordina el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación e integran un total de 12 organismos del Estado Nacional. En la presentación de dicho espacio, se presentó su primer documento “Hablemos de Cuidados”: El documento identifica la inequitativa distribución y organización social del cuidado como una de las principales causas de las brechas de género, entre ellas la salarial y la feminización de la pobreza. También reconoce en la economía del cuidado el sector más activo durante una pandemia que desaceleró las economías a nivel mundial.


El País Digital te invita a conocer el informe completo: Políticas públicas y perspectiva de género.

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