Colombia: “Un país sin líderes no es un país”

Durante el primer semestre del año se registraron 248 hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales. ¿Qué hay detrás?, las zonas calientes y el reto de la paz.



“Un país sin líderes no es un país”, este es el título del informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) que documenta lo sucedido en Colombia durante el primer semestre del año y que arroja cifras alarmantes por los altos niveles de violencia contra líderes sociales, políticos y comunales.

Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020 la MOE registró un total de 248 hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales. Esta cifra se redujo un 2% respecto al mismo período de 2019 pero no es un número alentador porque en este se incluye el mes y medio de medidas de confinamiento estricto por la pandemia del COVID-19, en el cual los hechos de violencia se redujeron un 50% (promedio de 0,8 por día). Sin embargo, esta situación no logró reflejarse en el número final.

En el primer semestre se perpetraron 81 asesinatos. Junio fue el mes récord con 20 homicidios. Los líderes sociales fueron el blanco más atacado. El 50% de los hechos de violencia se dirigieron contra ellos. Se cometieron 52 asesinatos contra 28 registrados en el mismo período de 2019.

“Los líderes políticos son el segundo tipo de liderazgo más afectado durante los primeros 6 meses de 2020, con 89 hechos registrados (el 35,9% del total de hechos de violencia del país). Del total de agresiones, 73 son amenazas, lo que representa el 82% de aquellas. En relación con la letalidad de los hechos contra líderes políticos, este 2020 ha visto una disminución del 45% respecto del año anterior, en el cual mediaba un contexto de año electoral”, precisaron desde el MOE.

Con respecto a los líderes comunales, en el primer semestre de 2020 se documentaron 35 hechos de violencia, que representan un aumento del 13% en relación a lo sucedido en 2019. “Es de destacarse que el 60% de los hechos reportados fueron letales (asesinatos o atentados)”, destaca el MOE.

Un fenómeno que va en aumento y fue objeto de análisis es la creciente violencia contra las líderes mujeres. Advierten que el hecho violento más recurrente en este segmento es la amenaza y va en aumento desde las mediciones de 2016. Los hechos violentos denunciados en la primera mitad del año llegan a 57 contra 17 registrados en 2016.


¿Qué hay detrás de estos hechos de violencia?

Para el análisis de esta problemática hay que remontarse a los llamados “Acuerdos de la Paz” de 2016 cuando el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) pusieron fin al conflicto armado. Si bien esto abrió la puerta para terminar con décadas de violencia, hoy ese objetivo parece lejano. 

Desde la firma de este acuerdo hasta el 15 de julio de 2020, 971 líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas, según un informe conjunto del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), la Cumbre Agraria y el movimiento político Marcha Patriótica.

Con las FARC fuera de juego ¿Quiénes estarían detrás de esta escalada de violencia? Se apunta a las llamadas “disidencia de las FARC”, grupos residuales que no aceptaron el acuerdo con el Gobierno, a otras organizaciones guerrilleras como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos paramilitares. La salida de las FARC dejó un “espacio vacío” y lo que se perpetuó fue la lucha de poder por el control de territorio en torno a negocios ilegales, principalmente el narcotráfico. La poca presencia institucional, más allá de lo militar, hace que estos territorios sigan siendo caldo de cultivo para la violencia estructural y los líderes locales queden en la línea de fuego.

“Esta violencia, en particular aquella ejercida contra las y los líderes, no solo encuentra su explicación en el conflicto histórico con distintos Grupos Armados Ilegales –GAI–, sino que es el resultado de la suma de múltiples factores y causas estructurales, de una debilidad institucional que no ha sido capaz de hacer frente a los diversos intereses locales, regionales y nacionales que encuentran en el ataque a los distintos liderazgos una vía para hacerse del poder y perpetuarse”, explican desde el MOE.


Las zonas “calientes”

Las areas más afectadas son los departamentos de Cauca, Arauca, Norte de Santander, Antioquia y Córdoba que concentraron cerca de la mitad de los hechos de violencia del país que se denunciaron durante el primer semestre del 2020. La MOE alerta particularmente sobre lo sucedido respecto a 2019 en Cauca donde los asesinatos a líderes sociales aumentaron un 250% y en Córdoba un 400%. En cuanto a los líderes políticos los homicidios se concentraron en los departamentos de Antioquia (2), Valle de Cauca (2) y Córdoba (2).


El reto de la paz

Ya se cumplieron cuatro  años desde los acuerdos del Gobierno con las FARC pero el anhelo de la paz en Colombia no se concreta. El combate al narcotráfico, como uno de los factores generadores de violencia contra los líderes, es imprescindible pero también se reclama un rol más fuerte del Estado en las zonas donde las FARC dejaron un vacío de poder.

Como conclusión la MOE sostiene: “Para avanzar hacia la paz, uno de los retos más grandes que enfrenta el país es que no se normalice la violencia, que se levante la voz, que la indignación permanezca ante los ataques a los líderes, que se exija no solo al Gobierno, sino al Estado en su conjunto, el establecimiento de mecanismos eficaces de prevención y protección de la vida e integridad de las distintas personas que, a través de los liderazgos que ejercen, trabajan por las y los ciudadanos, por sus derechos, por hacer de Colombia, un país mejor”.


Un informe de Amnistía Internacional cuestiona al Gobierno de Duque

Un informe publicado esta semana titulado ¿Por qué nos quieren matar? revela los errores en la protección de los defensores de derechos humanos en Colombia. “A pesar de las declaraciones de preocupación sobre el asesinato de personas defensoras de los derechos humanos por funcionarios del más alto nivel, incluido el presidente Duque, no pareciera que exista una auténtica voluntad política en las autoridades colombianas para abordar las causas estructurales que las ponen en riesgo”, sostiene el documento.

Desde hace años, Colombia es uno de los países más peligrosos en todo el mundo para las personas que defienden los derechos humanos, los territorios y recursos naturales. Sin embargo, desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, las cosas han empeorado, particularmente para quienes viven en zonas geográficamente estratégicas y ricas en recursos naturales”, dijo la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas.

Y advirtió: “Las personas defensoras seguirán muriendo hasta que el gobierno aborde de manera efectiva cuestiones estructurales, como la profunda desigualdad y la marginalización en la que viven las comunidades, la tenencia y control de la tierra, la sustitución de cultivos ilícitos y la justicia”.

Diarios Argentinos