Cobradores y pagadores de la fiesta

Por: Tomás Aguerre

El año pasado, el gobierno de Donald Trump pasó una reforma fiscal que recortaba impuestos a varios actores de la economía norteamericana, incluso para “el ciudadano medio”. A largo plazo, claro, la reforma beneficiaba mayormente a las grandes empresas y los sectores más ricos de la sociedad. Por ese entonces las encuestas mostraron un rechazo a la medida demasiado amplio. Incluso la rechazaban sectores medios y medio bajos que iban a ser, en el corto plazo, directamente beneficiados por la medida.

¿Era sólo parte de un rechazo a las políticas de Trump, una reacción demócrata o había algo más? Christopher Federico, un politólogo y psiconalista de la Universidad de Minnesota, dedicado al estudio de la psicología política y la opinión pública, sostuvo que había detrás de ese rechazo la intervención de un fenómeno conocido como “privación relativa”: un sentimiento de descontento que se provoca cuando una persona o grupo de personas evalúan lo que tienen (o lo que ganan o lo que pierden) en relación con otros grupos de referencia.

Así, afirmaba Federico, el descontento de sectores medios y bajos era más sencillo de explicar: la reforma, es cierto, beneficiaba en el corto plazo a algunos de esos individuos. En el largo plazo, sin embargo, proveía de mejores condiciones y recursos a las grandes empresas y los sectores más ricos de la sociedad norteamericana.

¿Puede entenderse el episodio del aumento del gas en la Argentina desde este marco de referencia? Quizás no enteramente pero quizás algo nos pueda servir.

En primer lugar, puede aportar a comprender por qué una resolución de un ministerio aparecida en el Boletín Oficial, de las que aparecen todos los días decenas, se convirtió en lo que Ozlak y O´Donnell denominaron una “cuestión socialmente problematizada”. Hay respuestas evidentes e intuitivas como el marco de la situación económica, la acumulación de aumentos anteriores o el efecto concreto sobre la vida de miles de personas. A todas esas explicaciones podría agregarse la noción de privación relativa. Es que el tema no se problematizó socialmente de cualquier manera sino de una muy particular: se puso en cuestionamiento la transferencia de sectores sociales menos beneficiados hacia “las empresas de gas”.

Este es un punto fundamental por dos razones. Por un lado, porque la transferencia hacia sectores privilegiados pega justo el talón de Aquiles del gobierno que encabeza Mauricio Macri en términos de opinión pública. El gobierno ha logrado bajar y subir en su imagen de gestión, en la evaluación de la situación económica y hasta en intención de voto: no ha logrado nunca, en cambio, hacer descender de manera constante o significativa la percepción de la opinión pública de que se trata de “un gobierno de ricos”. Por el otro, porque incrementa la sensación de que se están distribuyendo inequitativamente los costos del ajuste. Y, en esa percepción, la noción de privación relativa adquiere un valor como concepto para pensar por qué, por ejemplo, el gobierno no pudo sostener la medida del gas que quiso implementar en primer lugar (sin meternos aquí en los efectos y las consecuencias de la “corrección”).

Entre 2016 y 2017 la “necesidad del ajuste” encontró consenso en amplios sectores de la sociedad. La idea de la fiesta a pagar, de que se había vivido “por encima de las posibilidades” dominó la escena de la opinión. A ese consenso le comenzó a entrar agua un día en particular: el día que el gobierno consiguió aprobar la reforma jubilatoria. Si el ajuste es una fiesta que hay que pagar, todo gobierno flota entre dos bandas, como el dólar: en una de las bandas está “el pagador” y en la otra “el cobrador”. Podemos pensar como hipótesis que mientras más vulnerable aparece “el pagador” menos grande, poderoso y/o rico puede aparecer “el cobrador”. El día que el gobierno apareció cobrándole a los jubilados parte “de la fiesta que había que pagar” corrió la banda inferior demasiado, en términos de opinión pública, hacia abajo. Entonces el margen para, por ejemplo, recompensar a las empresas gasíferas por el costo de la devaluación se achicó demasiado, quizás hasta romperse.

La opinión pública argentina estuvo dispuesta a aceptar ajustes, como lo ha estado en otros momentos históricos y como lo han estado otras sociedades. Lo realmente distintivo de esta nueva etapa pareciera ser que hay una disposición a observar mejor quiénes son los que vienen a cobrar “la fiesta que había que pagar”.


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