Chouza, sobre el FMI: "Las señales que se dan de ambas partes son muy promisorias"

EPD dialogó con el economista e investigador Sergio Chouza acerca de las negociaciones con el FMI, de la posible reactivación económica durante este año, de la inflación, de las tarifas y de la judicialización de la deuda, entre otros temas.

Atentos al viaje del ministro de Economía, Martín Guzmán, a Estados Unidos para continuar las negociaciones con el FMI, y a que se augura un año de reactivación económica en el país, dialogamos con el economista e investigador de la UBA, Sergio Chouza, para interiorizarnos acerca de las posibilidades que se presentan para este año electoral.

Además, su percepción acerca de la judicialización de la deuda tomada por el macrismo y lo que significan las nuevas limitaciones para tomar deuda que fueron sancionadas a fines del 2020.


EPD: ¿Cómo ves la situación económica actual? ¿Cuáles son las perspectivas para este año?

SC: Me parece que va a estar un poco divorciado lo que pase con la dinámica de la economía real, que viene muy bien, básicamente porque hay un piso bastante bajo que deja la recesión del año pasado, con un casi 10% que va a terminar cerrando el PBI a la baja, lo cual va a hacer más sencillo el rebote.

Por otro lado, algunas variables macroeconómicas quedaron bien dispuestas como para que la economía real resurja fuerte. Hoy en día tenés costos para el sector empresario que están muy licuados, debido a la devaluación de los últimos dos o tres años, y eso licúa el costo salarial, el tarifario; para las empresas todo eso es un factor de competitividad.

Lo que se viene viendo en la dinámica de los primeros meses es que el sector real se recupera de forma consistente.

Distinto es lo que pasa con las variables que hacen al consumo asociado al tema salarial, que yo creo que va a cerrar el año al alza, pero posiblemente eso no se vea en los primeros meses, donde todavía tenés una inercia muy fuerte de la última parte del 2020 y del primer trimestre de este, con paritarias que recién están comenzando de forma muy tímida a asomarse, por lo que todavía tenés precios nuevos con salarios viejos. Es así que el consumo va a tardar un poco más, así como que el rebote se note en los salarios.

En la dinámica del empleo se viene notando un rebote también, pero con mucha heterogeneidad, los rubros de la construcción, industriales, y de a poco algún comercio que sale de restricciones, está recuperando, pero todavía de forma muy tímida; los empresarios se cuidan, especulan con si llega a haber marcha atrás parcial o si el consumo privado convalida a la velocidad que esperan.


EPD: ¿Creés que puede llevarse adelante el acuerdo entre el Estado y los privados para bajar la inflación?

SC: El acuerdo está en curso, la mesa de acuerdos de empresas y salarios empezó bien en febrero, lleva casi dos meses. El objetivo de esa mesa es que los empresarios no terminen matando a la gallina de los huevos de oro, en el sentido de que este año van a tener necesariamente más ventas y más actividad producto de que la parte más dura de las restricciones del confinamiento no va a estar, con lo cual hay parte de la demanda que se recompone.

Si la recuperación de márgenes es atolondrada, descoordinada, lo que va a pasar es que va a terminar ahuyentando a la demanda, entonces el desafío es que esa recomposición de márgenes sea más por cantidades que por precios.

Lo mismo vale para el sector privado del empleo, para los y las trabajadores y sus representantes. Venimos de tres años de caída de poder adquisitivo, 2018 y 2019 fueron los más duros; paradójicamente en el 2020 se cayó menos en materia de salarios. Si este año vuelve a haber una incipiente recuperación del empleo, los gremios buscan recuperar todo el salario perdido en los últimos tres años, de forma atolondrada, eso puede generar una carrera de precios-salarios que sea contraproducente. Así que la tarea del Ejecutivo, de Economía, de Desarrollo Productivo, es coordinar ese proceso, entender que la torta va a ser más grande (el ministro proyecta que va a ser de un 7% más), entonces tenemos que organizarnos para que cada sector vaya pudiendo acaparar una porción mayor de ese ingreso excedente.

Eso está en curso, las primeras reuniones fueron productivas en relación con ese lineamiento. Las primeras paritarias están cerrando en torno al 30%, 31%, 34%, que es el objetivo, si bien con resguardos, con cláusulas de letra chica con posibilidades de aperturas en septiembre o meses posteriores en caso de que la dinámica inflacionaria lo convalide.


EPD: Este año se presenta como de reactivación, pero hay distintos desafíos. Uno de ellos es el de las tarifas de los servicios públicos, y pareciera haber posturas diferentes dentro del Gobierno acerca de la magnitud de la actualización tarifaria, ¿qué opinás? 

SC: Puede haber siempre alguna cuestión muy de detalle, de que alguna cartera cuida más los aspectos macroeconómicos y otra cuida más los vinculados a la evolución de la actividad interna, y eso está íntimamente ligado al salario excedente que puedan tener las familias y a la competitividad que puedan tener las firmas, con lo que ahí puede haber una cuestión muy de detalle.

Pero más allá de eso, creo que en esencia sí hay una uniformidad de criterio en el sentido de que la política energética tiene la premisa en el capítulo tarifario de que se sale de una dolarización (entre 2017-2019), y ahora se indaga en tarifas que sean justas, razonables, asequibles para los consumidores.

Para eso, el esquema estable al cual tiene que converger nuestra economía es la segmentación, de forma tal de que vos puedas discriminar los subsidios, asignándolos de una manera lo más eficiente posible: a los segmentos que más lo necesitan, darles una cuota mayor, y así de forma decreciente hasta aquellos que no lo necesitan. Esa segmentación requiere de capacidades técnicas, de poder adecuar mecanismos para poder implementarlos. Tenemos que ir camino a eso, y esa es la decisión política que ha planteado el presidente el 1 de marzo en la apertura de sesiones.

En tránsito hacia eso, una posibilidad es hacer una Ley de Emergencia Tarifaria, que sirva para trazar un puente hasta que se pueda perfeccionar el sistema de segmentación, que es lo que tiene que ser estable.


EPD: Guzmán se encuentra en EE.UU. renegociando con el FMI, ¿cuáles son las expectativas? 

Integralmente espero que el acuerdo se cierre de manera beneficiosa para nuestra posición, que es básicamente aliviar el perfil de vencimientos, y eso se ve mejor distribuido. Tengamos en cuenta que el stand by tenía una compresión de vencimientos entre 2020 y 2023 que era imposible de afrontar. Era una línea de préstamo, que lo que te prestaba el dinero para que lo muestres, pero no para que lo uses, porque la velocidad a la que había que devolverlo imposibilitaba su uso. Hasta el 2023, prácticamente se devolvía la totalidad del stand by, por lo cual eso nos deja en una peor posición porque a esos dólares los usamos en su totalidad. Como esos fondos no están, lo que hay que hacer es distribuir mejor los vencimientos, que sea gradual. Por eso se va a ir por el camino del Extended Found Facilities (Facilidades Extendidas), una línea más larga, que históricamente estuvo asociada a ciertas condicionalidades y necesidades de reformas estructurales. No le estás planteando al Organismo que tenés un problema de caja coyuntural, se le está diciendo que los desequilibrios son sistémicos, por lo que la contrapartida de esto suele ser pedidos de reformas estructurales, como de mercado laboral, de sistema previsional, de comercio exterior, etc.

Seguramente eso no pase, porque el programa va a ser de las argentinas y de los argentinos. Me parece que ahí hay una uniformidad de criterio con el FMI. No creo que sea un punto de desacuerdo ni de tensión. Veo una relación donde hay cierto consenso con que el programa del 2018 fue ruinoso. La responsabilidad es compartida, no solo de una administración irresponsable que dilapidó los fondos, sino que también fue un organismo multilateral que hizo una muy mala evaluación de cuáles eran las posibilidades de la economía argentina, y se sobrepasó en dar flexibilidades, dispensas en el uso de esos fondos que no debería haber dado. Creo que eso también determina que algunas exigencias históricas que suele tener el organismo en ese tipo de líneas van a quedar aliviadas.

Después, creo que es un dato secundario si el acuerdo se termina cerrando en mayo o en octubre. El Ministerio de Economía determinará los tiempos en función de lo más conveniente para nuestra economía, sin apurarse. No hay ningún apuro, esta no es como una negociación con privados, en donde la contraparte te apura. No veo un ánimo de acelerar tiempos y procesos de ninguna de las dos partes. Ya van más de seis meses de negociación y no hubo ni una señal de tensión de parte del organismo, lo cual no había pasado nunca.

Todas las señales que se dan de ambas partes son muy promisorias. Camino a eso, Argentina tiene que seguir haciendo los deberes y ordenar la economía.

EPD: ¿Cuál es tu opinión acerca de que se investigue judicialmente la deuda que tomó el Gobierno de Macri?

En primer lugar, creo que se vulneraron varios procesos administrativos, fue un acuerdo muy desprolijo. Cada uno de los procesos administrativos para cualquier compromiso que tome el Estado nacional tiene sus métodos, sus formas, sus procedimientos. En ese sentido, los primeros informes que vienen de la SIGEN, del Banco Central, de la Procuraduría del Tesoro, muestran que hubo una observancia nula de estos procesos. Entonces ahí hay una cuestión para analizar: la responsabilidad judicial de los políticos que implementaron un acuerdo muy flojo de papeles en su faceta administrativa. No objeto la decisión política de ir a hacer un acuerdo con el FMI, eso forma parte de la voluntad de una administración. Pero el hecho de haberse pasado por alto procesos administrativos sí es un tema sensible que, como mínimo, es importante que se investigue.

En segundo lugar, es importante poner en discusión la faceta más política, que un poco tuvo una coronación con la sanción a fines del 2020 de nuevos límites para el Ejecutivo a la hora de incurrir en endeudamiento en moneda extranjera, donde el Ejecutivo se autolimita para que no pueda ser una decisión únicamente de un presidente. Eso también es importante ponerlo en cuestión más allá de la cuestión judicial.

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