Chile: entre las denuncias a los DDHH y la nueva constitución

El país cerró 2019 con la peor crisis de Derechos Humanos desde el régimen de Pinochet. El origen del estallido social y el camino hacia una nueva Carta Magna.



A poco más de dos semanas de realizarse el plebiscito que definirá si Chile tendrá una nueva Constitución y a un año del estallido social, se produjo un hecho que generó conmoción y un fuerte repudio al ya cuestionado accionar de las fuerzas de seguridad. En la última “marcha de los viernes” un carabinero empujó a un chico de 16 años desde un puente al río Mapocho. Las denuncias y el debate sobre las violaciones a los Derechos Humanos en Chile sigue vigente.

Según un informe de Amnistía Internacional Chile cerró 2019 con la peor crisis de Derechos Humanos desde el régimen dictatorial del general Augusto Pinochet. El estallido social se desató por una decisión que podría parecer menor: el Gobierno de Sebastián Piñera dispuso un aumento del 4 por ciento en la tarifa del subterráneo. Los primeros en reaccionar a la medida fueron los estudiantes secundarios y universitarios, que llamaron a saltar los molinetes en un acto de desobediencia civil.

Las imágenes de los estudiantes evadiendo los molinetes se viralizaron y así se fueron sumando otros sectores y otras demandas. La gente salió masivamente a protestar a las calles con el epicentro en la Plaza Victoria, rebautizada por los militantes como “Plaza de la Dignidad”. Este fue el puntapié de la crisis social que tuvo dos meses en vilo al país y que hoy – aunque con menor masividad – continúa. Lo que subyace es un conflicto de años y un fastidio generalizado por los niveles de desigualdad. Vale recordar que Chile es el país más desigual de la región.

El 19 de octubre de 2019 el presidente Piñera declaró el estado de emergencia en algunas zonas del país. Durante 10 días quedaron suspendidos algunos derechos y libertades y se desplegó al ejército en las calles para sofocar las protestas, lo que se tradujo en una brutal represión a los manifestantes.

De acuerdo a lo informado por Amnistía Internacional durante los primeros dos meses de protestas perdieron la vida 31 personas, al menos cuatro de ellas a manos de fuerzas estatales. Además, según el Ministerio de Salud chileno más de 13 mil personas resultaron heridas y la Fiscalía de Chile registró más 2.500 denuncias de violaciones de derechos humanos, de las que más de 1.500 eran de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y más de 100 eran de delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios públicos.

El Gobierno chileno publicó en marzo de 2019 un protocolo para la actuación policial en manifestaciones. Este fue uno de los compromisos que asumió Chile en el “Acuerdo de cumplimiento de recomendaciones del caso N° 12.880” en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación con el homicidio del joven mapuche Alex Lemún a manos de la policía en 2002. Pasados unos meses quedó en evidencia que esos protocolos no se cumplirían. Por ejemplo, durante las protestas con frecuencia se vio al ejército emplear armas letales contra manifestantes.

El 15 de noviembre marcó un hito en la crisis. Luego de arduas negociaciones el Gobierno y la oposición arribaron a un acuerdo para poner un parate al estallido social y anunciaron el inicio de un proceso para reemplazar la Constitución heredada de la dictadura del General Augusto Pinochet; fuertemente criticada, además de por su ilegitimidad de origen, por el rol residual del Estado en la provisión de servicios básicos tales como salud, educación y seguridad social. El plebiscito para votar sobre la necesidad de una nueva carta magna estaba previsto para abril de este año pero debido a la pandemia del COVID-19 se pospuso para el 25 de octubre próximo.

A pesar de este anuncio siguieron convocándose las marchas de los viernes en la “Plaza de la Dignidad”. Como pudo verse en la última movilización - que trascendió las fronteras chilenas por el lamentable episodio en el puente del río Mapocho – luego de un paréntesis de cinco meses por las medidas de confinamiento las protestas se reactivaron, así como también las denuncias de represión y violación a los Derechos Humanos. ¿Será el referéndum del 25 de octubre el primer paso para desactivar la crisis social que se agudizó en 2019?

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