Causa peajes: procesaron a Dietrich y podría seguir Dujovne

El exministro de Transporte se sumó a Iguacel y Saravia Frias, procesados la semana pasada. El extitular de Hacienda declaró hoy y podría correr la misma suerte que sus compañeros. Los detalles.


Uno más y van tres. Tras los procesamientos del exdirector de Vialidad Nacional Javier Iguacel y el exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, este lunes el juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó al exministro de Transporte Guillermo Dietrich por supuesta administración fraudulenta, en el marco de la causa peajes, que investiga el pago de casi 500 millones de dólares y la extensión de las concesiones que decretó el gobierno anterior en beneficio de la compañia española Albertis.

El magistrado, además, le trabó un embargo de 500 millones de pesos, al igual que a Iguacel y Saravia Frías. Dietrich fue indagado por el juez el viernes pasado, donde argumentó que la indemnización de 499 millones de dólares "salvó al país de pagar 3.000 millones", a raíz de la demanda que la empresa había elevado ante el tribunal de arbitraje del Banco Mundial CIADI-

También sostuvo que no benefició a Mauricio Macri con esa indemnización, con los aumentos de tarifas de los peajes y con la extensión de las concesiones porque el Grupo Macri sólo estaba representado en Autopistas del Sol S.A (concesionaria del Acceso Norte) en un 2,37 por ciento de las acciones y las vendió en 2017.

Sin embargo, según consta en el fallo, cuando a mediadios de 2017 el Grupo vendió sus acciones a una empresa sin experiencia en el rubro, llamada Natal Inversiones S.A., lo hizo por un monto 400% mayor de lo que valían antes de la llegada de Macri a Casa Rosada.


La declaración de Dujovne

Al exministro de Hacienda Nicolás Dujovne le tocó declarar este lunes. Lo hizo por videoconferencia y no se sometió a las preguntas de Canicoba Corral. Solo se limitó a presentar un escrito donde rechazó las acusaciones y sostuvo que él no firmo los contratos de extensión de las concesiones. 

Antes de eso, la Cámara Federal rechazó los pedidos de recusación del juez que habían presentado tanto Iguacel como Saravia Frías, y confirmó así magistrado al frente de la investigación hasta este miércoles, cuando se retirará para jubilarse y el expediente quedará a cargo de Julián Ercolini.



Las claves de la causa


La denuncia 

La causa se inició por una denuncia presentada en la Justicia por los diputados del Frente para La Victoria Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau. Según la acusación, tres días antes de la asunción de Macri, la empresa española Albertis, accionista mayoritario y controlante de Autopistas del Sol S.A (concesionaria del Acceso Norte, con el Grupo Macri entre sus accionistas) y del Grupo Concesionario del Oeste (GCO), inició un reclamo millonario ante el tribunal de arbitraje del Banco Mundial CIADI por supuestos atrasos tarifarios con el objetivo oculto de poder llevar adelante una cuestionada prórroga de las concesiones.


El accionar del gobierno de Macri

El 7 de diciembre de 2015, el grupo Abertis presentó una demanda por 1.721 millones de dólares ante el CIADI por un congelamiento de tarifas aplicado en dos de las concesiones de Ausol y GCO tras el estallido de la crisis de 2001 que habrían generado una gran pérdida para la empresa. 

El entonces procurador del Tesoro Carlos Balbín, encargado de defender los intereses del Estado, emitió un dictamen ante el Ciadi en el que sostenía que la empresa no había agotado las instancias judiciales locales y rechazaba de plano el pleito por entender que el reclamo empresarial estaba “prescripto”. 

Sin embargo, el gobierno de Macri decidió reconocer la demanda de Albertis y negoció con la compañía el retiro de la denuncia ante el tribunal internacional a cambio del pago de 499 millones de dólares por parte del Estado argentino en supuesto concepto de "inversión efectuada no amortizada", sin mediar dictamen, auditoría o informe económico financiero previo que lo justifique; y la extensión de las concesiones hasta 2030 sin llamar a una nueva licitación, como establece la ley. 

Además, se le condonó a la empresa deudas por incumplimientos de contratos, se les otorgó la ampliación de los horarios denominados “pico” (que tienen tarifas más altas), y la dolarización de tarifas.

Todo esto agravado por el hecho de que el ex Órgano de Control de la Concesiones Viales (OCCOVI), disuelto durante la administración de Cambiemos, había elaborado dos informes reservados en los que denunciaba maniobras de evasión impositiva, distribución encubierta de dividendos, obras incumplidas, endeudamiento temerario por parte de Ausol y rechazaban la compensación millonaria. 

La extensión de las concesiones a Autopistas del Sol y a Grupo Concesionario Oeste se concretó a través de una resolución de la Dirección de Vialidad Nacional, comandada por entonces por Iguacel, y la decisión fue refrendada por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional en 2018, que Macri se excusó de firmar por sugerencia de la Oficina Anticorrupción –que dirigía Laura Alonso-, ya que había pasado apenas un año de la venta de las acciones de SOCMA (el holding de la familia Macri) en Ausol. La ex vicepresidenta Gabriela Michetti fue la encargada de estampar la rúbrica.


El rol de Saravia Frías, Dietrich y Dujovne

Saravia Frías, histórico abogado de la familia Macri, fue nombrado como procurador del Tesoro tras el desplazamiento de Carlos Balbín, quien había defendido los intereses del Estado ante la demanda de las empresas de peajes en el CIADI. Cuando el nuevo funcionario asumió el cargo, adoptó una postura completamente diferente y avaló el acuerdo que benefició a las concesionarias sin que haya habido ni una sola audiencia ante esa instancia.

En el caso de Dietrich, se investiga su participación como ministro de Transporte en el reconocimiento de la deuda de 499 millones de dólares a las concesionarias. Para los denunciantes, la presentación de la firma ante el CIADI días antes de la asunción de Macri fue un arreglo con los futuros funcionarios para después tener una excusa y lograr el pago de la millonaria suma y otros beneficios para las concesionarias de los peajes.

En el caso de Dujovne, se lo investiga por no haber elaborado desde el Ministerio de Hacienda el dictamen necesario para que se avalara los requisitos de los futuros contratos con las concesionarias, establecido por ley. Fue Vialidad Nacional la que contrató a un consultor externo, quien elaboró un informe sobre la conveniencia o no para el Estado de las nuevas condiciones de concesión, cuando en realidad eso le correspondía a la cartera que encabezaba Dujove.


"Un acuerdo de naturaleza clandestina"

En su fallo de 161 páginas de este martes, en el que Canicoba Corral procesó a Iguacel y Saravia Frías, el juez planteó que se encuentra acreditado "un acuerdo previo de naturaleza clandestina" entre funcionarios y empresarios del ámbito privado para beneficiar a Ausol S.A. y a Grupo Concesionario Oeste.

Según el magistrado, el Estado argentino "terminó abonando sumas millonarias, que ni a través de un informe técnico especializado como tampoco de la parte resolutiva o fundamentos del Acuerdo surgen justificadas". 

Para el juez, justamente, la millonaria cifra fue entregada "bajo la supuesta presión de un trámite arbitral ante el CIADI que, según pudo determinarse en esta investigación, resultaba de casi imposible acogida favorable (por no haberse dado cumplimiento al agotamiento de la instancia de jurisdicción local) y cuyos montos resultaban excesivos".

En el escrito, además, aseguró que los funcionarios macristas "actuaron con intención de perseguir una finalidad: beneficiar a las mencionadas empresas", lo que "a su vez generó un perjuicio económico al erario público, producto de un actuar doloso".

"Existió un acuerdo previo entre las partes intervinientes --públicas y privadas-- (...) que permitió el desenvolvimiento de este irregular proceso (tratativas para la renegociación del contrato) que tuvo como fin la firma de los Acuerdos de Renegociación Integral (...) los que resultaron contrario a las normativas vigentes y perjudicial para la arcas del Estado", sostuvo.

Como conclusión, Canicoba Corral afirmó que "los funcionarios no obraron en defensa de las arcas del Estado" y que las maniobras estuvieron "destinadas a direccionar interesadamente la recontratación de las concesiones, favoreciendo a los grupos empresarios".


La figura de Macri en Ausol y una venta dudosa 

Además de todo lo mencionado, la denuncia de Moreau y Thailade incluye la venta de las acciones que el grupo Macri tenía en Ausol S.A. a una empresa sin experiencia en el rubro, llamada Natal Inversiones S.A. 

El entonces presidente se desprendió de los papeles a mediados de 2017 y las acciones fueron adquiridas por esa firma por un monto 400% mayor de lo que valían antes de la llegada de Macri a Casa Rosada y tras la sideral suba de tarifas autorizada por su gobierno. 

Mientras que las acciones de Ausol S.A, que venían devaluadas porque supuestamente el contrato vencía al año siguiente, cotizaban en diciembre de 2015 a $14,50, el precio final de venta dos años después fue de $75,50.

"Claramente, no podemos mantener estas cuestiones ajenas al resto de las negociaciones, ya que formaron parte de las ganancias que la renegociación generó para los empresarios. Con la salvedad que en este caso los beneficiarios son Mauricio Macri y su familia, quien en ese momento desempeñaba el máximo cargo del Poder Ejecutivo de la Nación", manifestó el magistrado. 




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