Carolina Píparo quedó encerrada en su propia ley

De víctima de la inseguridad durante el kirchnerismo a referente del punitivismo macrista, de aliada de María Eugenia Vidal y diputada de Juntos por el Cambio a victimaria. La complejidad del personaje.

"No me rindo. Todo lo contrario. Esta persecución política hacia mi persona, mientras mi único rol fue el de sufrir un asalto, lejos de asustarme me vuelve más fuerte para seguir luchando por la provincia", escribió el pasado lunes en su cuenta de Twitter Carolína Píparo. La diputada bonaerense de Juntos por el Cambio, cultora de la mano dura, se ve envuelta nuevamente en un caso delictivo: en el primero fue víctima y de ahí en más enarboló su imagen política, y en el segundo episodio, ocurrido en la primera noche del 2021, puso en práctica su discurso punitivista y pasó de ser víctima a victimaria. 



En la mañana del 29 de julio de 2010, Carolina Píparo, embarazada de ocho meses, fue asaltada en una salidera bancaria por motociclistas que pretendían robar el dinero que había extraído minutos antes para una operación inmobiliaria. Durante el asalto ocurrido en La Plata, la ahora legisladora recibió un disparo en la cara por el que debió ser internada y operada y que precipitó el nacimiento de su hijo, que a los pocos días finalmente murió. El hecho delictivo se transformó en un caso testigo que impulsó a la oposición a alzar la voz contra la creciente inseguridad durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y determinó el rumbo político de Píparo.

Luego de convertirse en una "voz autorizada" para exigir medidas punitivas, la platense, egresada de la Licenciatura de Trabajo Social en la Universidad del Salvador, ingresó al macrismo de la mano de María Eugenia Vidal, quién en 2014 la invitó a participar en la ONG Usina de Justicia. Asociar a Píparo fue una jugada redituable para la "Leona". El perfil de víctima de la "inseguridad" no resuelta por el kirchnerismo le sirvió a la por entonces oposición a enarbolar a un más sus banderas de lucha contra "la delincuencia". 

Y su ascenso siguió su curso: la abultada victoria de la exgobernadora en 2015 le permitió a Píparo obtener su banca en la Provincia de Buenos Aires. Y desde allí fue por más: dos años después fue nombrada por el intendente Julio Garro como secretaria de Asistencia a las Víctimas y Políticas de Género, en la comuna platense, su lugar de origen. Dato de color: como diputada impulsó la Ley 15.143, que obliga a motociclistas y a sus acompañantes a utilizar un chaleco reflectante con la identificación del dominio tanto en el frente como en el dorso. Otra vez la estigmatización como primer recurso para intentar resolver el flagelo la inseguridad.

Pero sus anhelos no se detienen ahí, cuentan sus allegados que su próximo objetivo era competir por la intendencia de La Plata. Sin embargo una jugada del destino parece haberle puesto piedras en su camino. La madrugada del 1 de enero expuso al personaje Píparo en toda su complejidad: la diputada denunció a través de sus redes sociales ser víctima de un nuevo hecho delictivo cuando iba en auto junto a su marido Juan Buzali, quien conducía el vehículo. 

Sin embargo, poco tiempo después los acontecimientos dieron un giro de 360 grados cuando se supo que la pareja de Píparo había arrollado a dos motociclistas, que no habían participado del asalto, y luego huyeron de la escena sin preocuparse por el estado de los jóvenes que quedaron tendidos en vía pública. Para su "suerte", la intervención del secretario de Políticas Públicas en Seguridad platense, Darío Ganduglia, su compañero de gabinete, que evitó que les realicen el test de alcoholemia.

No obstante, esta colaboración sirvió "a medias" porque al salir a la luz evidentes inconsistencias entre lo relatado y lo evidenciado por las cámaras de seguridad, Buzali fue detenido el viernes pasado imputado de doble "homicidio en grado de tentativa", delito cuya pena prevé entre cuatro y 16 años y ocho meses de prisión. Pero por ahora la diputada bonaerense, cuyo testimonio fue cuestionado por los abogados querellantes y puesto en tela de juicio por la fiscal de la causa María Eugenia Di Lorenzo se encuentra hasta el momento libre de culpa y cargo. Tal vez la conexiones políticas de Píparo le salvan la ropa: quien tiene sus manos el expediente es Marcela Garmendia –madre de Juan Manuel Martínez Garmendia, otro integrante del gabinete del intendente Julio Garro.



Con Cristián Ritondo a la cabeza, sus compañeros de bloque de Juntos por el Cambio salieron a bancar la parada y al igual que Píparo rechazaron el "uso político" del caso. "Ha habido una utilización de su figura pública", denunciaron en un fragmento del escrito los legisladores opositores. El reclamo no deja de ser una paradoja, quienes recurrieron al perfil de una mujer víctima de la inseguridad para coptar más votantes sedientos de punitivismo, ahora piden que se escinda a la política de este hecho. Más allá de esto, ¿es atendible la queja cuando la persona en cuestión ostenta dos cargos?. Finalmente, Carolina Píparo quedó encerrada en su propia ley.

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