Bolivia, la postergación electoral y la pandemia como bastión

Tribunal Superior Electoral (TSE) pospuso nuevamente las elecciones. Mientras, la pandemia de la Covid-19 avanza en el territorio y deja cadáveres infectados con el virus en las calles y en las casas.


A las 14.30 del día de ayer el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Bolivia confirmó en conferencia de prensa y mediante un comunicado un rumor que cada vez sonaba más fuerte: decidió la postergación de las elecciones por segunda vez, para el 18 de octubre, con posibilidad de una segunda vuelta el 29 de noviembre. Con esta decisión, la presidenta de facto, Jeanine Áñez, se garantiza la vigencia en el poder durante casi un año. Ante esto, el Movimiento al Socialismo (MAS) y las organizaciones sociales se adelantaron: declararon estado de emergencia y ya se avizoran movilizaciones en las calles. Mientras, la pandemia de la Covid-19 avanza en el territorio y deja cadáveres infectados con el virus en las calles y en las casas.

Por estas horas son cada vez más los factores que se suman a la crisis político – electoral en Bolivia, en donde el colapso sanitario generado por la pandemia de la Covid-19, por momentos, aparece como bastión en disputa. Es que, esa ha sido la razón del TSE para justificar el corrimiento de los comicios y, al mismo tiempo, la mala gestión es la denuncia principal de los movimientos y el MAS contra el gobierno.

Ahora bien, ¿cómo se llegó hasta aquí? Tras obligar a Evo Morales a renunciar, la promesa por nuevas elecciones fue, justamente, la bandera que Áñez levantó para autoproclamarse presidenta en noviembre de 2019 con el apoyo de las Fuerzas Armadas y gran parte de la oposición. A medida que pasaron los meses el espaldarazo cesó y hubo al menos dos las decisiones controversiales: el anuncio de la candidatura de Añez, que dinamitó la intención de un frente electoral; y la postergación de las elecciones previstas para el 3 de mayo del 2020 para el 6 de septiembre.

Con el calendario pautado, se presentaron las y los aspirantes a la presidencia: Luis Arce Catacora (MAS), Carlos Mesa (Comunidad Ciudadana), Jeanine Añez (JUNTOS), Jorge Quiroga (Libre 21), Luis Fernando Camacho (Creemos), Chi Hyun Chung (Frente para la Victoria) y Feliciano Mamani (Pan-Bol).


EL TRIBUNAL ELECTORAL, LOS CANDIDATOS Y LA RESPUESTA DE EVO MORALES

Las ideas de “consenso” y “diálogo” atraviesan el comunicado del TSE y transmite la sensación de que se busca el bienestar social. En ese sentido, la crisis sanitaria y un posible pico de contagios entre julio y septiembre aparecen como la excusa para posponer la fecha de los comicios: “Es recomendable organizar la elección en la fase descendente para disminuir los riesgos”.

Si bien es cierto y no se le puede quitar atención a la emergencia sanitaria en Bolivia para este momento es necesario leer entre líneas. La credibilidad del gobierno autoproclamado se desgasta un poco más toda vez que se aleja de aquellos 90 días prometidos en el inicio tras la irrupción democrática. Por otro lado, pese a la insistencia en el “consenso” el presidente del órgano electoral, Salvador Romero, admitió ante la prensa que la decisión no fue de común acuerdo con los partidos políticos ni espera la aprobación del Legislativo por haber actuado “dentro del marco de sus competencias”.

Así las cosas, para el cierre de esta nota, Áñez, Mesa y Quiroga se mostraron de acuerdo con la decisión del órgano electoral. Chung, también, pero pidió: que para la próxima se consensue juntamente con los partidos políticos, suspender y sancionar la sigla “MAS” y que Áñez retire su candidatura porque “perjudica la democracia y la libertad”. Por su parte, Camacho, personaje que se ha visto llevando la Biblia junto a la presidenta de facto el día de su asunción, se manifestó en contra: “Los bolivianos iremos a las urnas cuando votar no sea sinónimo de contagio y muerte”, escribió en su cuenta de Twitter.

Evo Morales, desde su asilo en Argentina, trajo a colación una encuesta de IPSOS en la que se señala que más del 70 por ciento de las personas encuestadas estaba dispuesta a ir a votar el 6 de septiembre. Esta es “otra forma de proscripción”, denunció: “El gobierno de facto quiere ganar más tiempo para continuar con la persecución contra dirigentes sociales y contra candidatos del MAS-IPSP”.  A diferencia de lo planteado por el órgano electoral, sostiene que “cualquier decisión unilateral es ilegal e inconstitucional”.

Hay varias razones para sospechar que esos intentos son ciertos. Y no se trata sólo de la retórica violenta y de estigmatización contra dirigentes, simpatizantes del espacio de Morales y mujeres de pollera. Luego del anuncio del TSE, la exviceministra de Justicia, Cecilia Urquieta, contó en una entrevista al medio argentino Democracia y Comunicación existen más de 20 denuncias que solicitan que se vete la posibilidad de que Arce sea candidato y quitarle la personería. La razón: una infracción electoral que consiste en dar a conocer números de encuestas en medios de comunicación. “Estamos conscientes de que no se ha cometido la infracción (…). El TSE tiene que dar su veredicto, creemos que si sigue su propia norma va a fallar bien y no va a proscribir al MAS”, dijo.

Cabe recordar que sobre Morales pesa una denuncia por “terrorismo” por una supuesta comunicación que habría tenido con dirigentes desde su exilio en México y por lo que se ha reclamado que se haga efectiva su detención. Eugenio Zaffaroni, abogado del presidente depuesto, en la misma entrevista que Urquieta, señaló que no se han respetado las garantías en ese proceso de peritaje de las voces.

Vale, para aclarar el panorama, ponerle números al tablero electoral: los últimos sondeos muestran que entre Áñez, Quiroga y Camacho apenas pisan 20 por ciento de los votos, mientras el MAS aparece con altas posibilidades de ganar en primera vuelta. La terna se completa con el expresidente Carlos Mesa, figura que consolida más peso y aspira a llegar al balotaje apoyado por la clase media paceña, aunque por ahora no aceptó aliarse con sectores más de derecha.


LA RESPUESTA DE LAS ORGANIZACIONES

Al aire espeso asentado sobre el país desde noviembre pasado, se suma la alerta cotidiana por parte de las organizaciones sociales. “El MAS y las organizaciones sociales no queremos dejar de lado la situación sanitaria, pero sabemos que esta postergación no tiene fines sanitarios. Es el prorrogismo que quiere el gobierno dictatorial para mantener el poder. Nada nos garantizar que al 18 de octubre vuelvan a solicitar una prórroga”, fue otra de las declaraciones de la exfuncionaria Urquieta ayer por la tarde.

Los llamados a rezar para evitar el virus y las denuncias de corrupción -como la millonaria compra de insumos médicos y respiradores con hasta tres veces de sobreprecio- abre los interrogantes sobres las intenciones de querer llevar a cabo una buena gestión sobre la situación sanitaria.

Así lo entienden las organizaciones que, además, sobreponen el simple hecho de que Áñez no fue electa por el voto popular. La Federación Tupac Katari lo expresó de esa manera en su pronunciamiento: “No vamos a permitir más postergaciones (…) su mandato era por 90 días. De esa fecha ha pasado más de medio año, en lo cual nosotros respetuosamente en base a esta pandemia hemos esperado. (…) Tupac Katari comunica a todas las organizaciones en su conjunto dentro del Acuerdo Interinstitucional unirnos y alertar a todas nuestras bases de las 20 provincias. (…) Hoy ha terminado el tiempo, ya no podemos más seguir esperando a sus antojos (…). Sabemos perfectamente que este gobierno se ha pasado en el tema de salud. Hoy por hoy solamente dan números de incremento de infectados cosa que ni siquiera han visto, pero sabemos nosotros que estamos curándonos a nuestra suerte en las provincias”.

En esa línea profundizó la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba que otorgó un plazo de 72 horas al TSE para que revoque su decisión. Caso contrario, iniciarán movilizaciones indefinidas en todo el territorio nacional”.


VIOLACIONES A LOS DDHH

El pasado 17 de julio el sitio Plurinacional dio a conocer una carta enviada a Áñez por relatores especiales de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Allí dan cuenta de que el gobierno no ha actuado conforme a lo solicitado para garantizar las medidas cautelares por los hechos ocurridos en las movilizaciones dadas entre el 21 de octubre y el 30 de noviembre de 2019. Sobre todo, las amenazas y hostigamientos recibidos contra funcionarios públicos de la Defensoría del Pueblo que buscaban dar cuenta de las violaciones a los derechos humanos sucedidos durante esas jornadas.

Son varios los hechos de violencia institucional y de violaciones a los derechos humanos desde entonces. El retrato más sangriento ha quedado plasmado el día en que las personas fueron atacadas mientras realizaban los funerales en la capital boliviana, en las recordadas Masacres de Sacaba y Senkata. A pesar de que una Comisión Mixta Legislativa del Congreso investiga, por ahora sólo se sabe que hubo al menos 30 las personas asesinadas y decenas de heridas.

En un país donde entre el 70 y 80 por ciento del trabajo es informal resulta difícil cumplir con las medidas sanitarias de asilamiento o suspensión de labores, por lo que ese sector acaba por ser el más castigado a nivel económico como por la falta de acceso a la salud. Eso ha llevado a numerosas marchas y bloqueos de carreteras a lo largo del país para reclamar ayuda económica. Así como la organización de ollas populares y ayuda comunitaria. La respuesta ha sido la represión y la denuncia: el mismo 17 de julio, la irrupción de la Policía en un bloqueo en El Alto dejó el saldo de seis personas detenidas y un joven de 15 años resultó gravemente herido. La CIDH se ha pronunciado: “Además de establecer las responsabilidades penales del caso, se realice una ponderación del uso de la fuerza a luz de los estándares del derecho internacional de los derechos humanos”.


LA PANDEMIA

Quien haya podido hacer un seguimiento sobre las formas de comunicar de los medios locales en Bolivia ha podido ver los cambios de miradas en los medios estatales, en los que antes eran aliados o simpatizantes. También es posible vislumbrar las dificultades que existen para encontrar distintas posiciones o voces disidentes al gobierno desde las bases de la sociedad. Pese a ello, los medios no pudieron sostener ni ocultar las cifras de muertes ni la emergencia sanitaria que llevó a que en cinco días la Policía recogiera casi 500 cadáveres de las casas y de las calles, sospechosos o infectados con Covid-19.

Con el Ministerio de Salud a cargo de quien fuera el titular de la cartera de Defensa, Luis Fernando López, el virus alcanzó a la propia presidenta de facto, a siete ministros, seis viceministros, al jefe de las Fuerzas Armadas y a una docena de legisladores. Al final del día de ayer, el reporte oficial diario contabilizó 2.407 muertes y 65.252 contagios.

Ante este panorama, algunas preguntas asoman: ¿El corrimiento de la fecha de elecciones garantiza la puesta en marcha de una gestión que evite las muertes por el virus? Si eso sucediera, ¿qué pasa con las situaciones de represión, hostigamiento y amenaza que denuncian aún dirigentes cercanos o vinculados al masismo? ¿Cuánto más hay que esperar para que se haga justicia por las víctimas de violaciones a los derechos humanos? ¿Existe la garantía de que no habrá una nueva prórroga? En el mundo actual (occidental y europeizado) la ponderación y recuperación de la institucionalidad siempre aparece como un factor determinante para dar respuestas a la población ante situaciones de emergencia ¿velarán las organizaciones internacionales por que se cumplan estos derechos?



Sobre la autora: Carla Perelló, licenciada en Periodismo por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Maestranda en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador. Integrante de la Red de Periodistas Feministas de Latinoamérica y el Caribe.


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