Bolivia: la crisis del sistema político y electoral

OPINIÓN. Actualmente Bolivia se encuentra inmersa en una profunda crisis sanitaria y desde noviembre de 2019 en una grave crisis política.

Por: Agustina Garino

Actualmente Bolivia se encuentra inmersa en una profunda crisis sanitaria y desde noviembre de 2019 en una grave crisis política. La cuestión sanitaria se produce por la saturación del sistema de salud, debido al crecimiento exponencial de contagios, internaciones y fallecimientos por COVID-19. El problema político y electoral se hace evidente a partir del derrocamiento al presidente Evo Morales y a la posterior toma de posesión de la presidenta interina Jeanine Añez. En un contexto social convulsionado con incremento de la violencia estatal, de constantes límites a la libertad de expresión y numerosas denuncias de violaciones a los Derechos Humanos.

Ahora bien, para entender las causas de la actual crisis política y electoral que atraviesa el país, es necesario hacer un recuento de los sucesos más relevantes. En noviembre de 2019 se produce el quiebre democrático en Bolivia, Evo Morales es obligado a renunciar a su cargo en medio de acusaciones de fraude electoral. Con apoyo de las fuerzas armadas, asume la presidencia Jeanine Añez con el principal objetivo de conducir al país a nuevas elecciones presidenciales. Si bien Añez asumió con la aprobación de toda la oposición a Morales, a medida que pasaron los meses parte de sus bases de apoyo se han ido alejando paulatinamente. Esto ocurrió por varias decisiones controversiales que ha tomado el gobierno interino, entre las más destacadas se pueden señalar: el anuncio de la candidatura presidencial de Añez, eliminando así toda posibilidad de presentación de único frente opositor al MAS en los comicios presidenciales, y la postergación de las elecciones previstas para el 3 de mayo del 2020.

Este último punto generó el conflicto que vive actualmente el sistema electoral boliviano. A partir de la declaración de cuarentena total, el Tribunal Supremo Electoral alego la imposibilidad de sostener la fecha de los comicios presidenciales por cuestiones sanitarias y  luego de consultar a todos los candidatos presidenciales, decidió postergar las elecciones. Sin embargo, para llevar a la práctica la postergación de los comicios la Asamblea Plurinacional con mayoría de diputados del MAS, debía aprobar una ley que estableciera los parámetros y las fechas posibles para la postergación. Según el candidato presidencial Carlos Mesa, la aprobación de la norma debía implementarse antes del 3 de mayo o, de lo contrario, todos los actos de Gobierno se considerarían nulos.

Es así que el 30 de abril el Parlamento Boliviano promulgó la Ley de Postergación de las Elecciones Generales 2020. En la norma se estableció un plazo máximo de 90 días para celebrar los comicios. En este punto se producen los mayores enfrentamientos mediáticos entre el gobierno interino y el Poder Legislativo (en ambas cámaras con mayoría del MAS). Principalmente porque el oficialismo se opuso a la celebración de las elecciones en los plazos estipulados por la Asamblea Plurinacional y se enfrentó por varias semanas a la Presidenta de la Cámara de Diputados Eva Copa (MAS). Entre tantas idas y vueltas, se especulaba que la presidenta Añez apelaría a la Corte Suprema de Justicia para limitar los alcances de la ley. Según cálculos del Ministerio de Salud, se estima que en los meses de julio y agosto se registrará el mayor número de contagios y posiblemente se infectarán unas 100.000 personas. La presidenta apelaba a esta información para intentar vetar la Ley.

Luego de semanas cargadas de declaraciones cruzadas entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, lograron un acuerdo entre las siete fuerzas políticas que presentarán candidatos presidenciales. Se pactó el 6 de Septiembre como fecha límite para la celebración de los comicios. Con posterioridad al acuerdo, en los primeros días del mes de junio la Asamblea Plurinacional y el Senado aprobaron la Ley que estipulaba el nuevo plazo para el desarrollo de las elecciones. Y el 24 de junio la Presidenta promulgó esta ley, con este paso cumplido, el Tribunal Supremo Electoral fijó la fecha exacta en que se llevaran a cabo los comicios presidenciales y aprobó el calendario electoral. En las próximas semanas anunciarán los protocolos de bioseguridad que se implementaran tanto para la campaña presidencial como para la realización de los comicios.  

Sin embargo y a pesar de haberse cumplido con los pasos institucionales para postergar el proceso eleccionario Jeanine Añez continúa declarando su disconformidad con el llamado a elecciones en el mes de septiembre y alerta sobre los riesgos de contagios masivos. Por el lado del MAS y del candidato presidencial de Comunidad Ciudadana Carlos Mesa sostienen que si bien la situación sanitaria de Bolivia es preocupante, el gobierno interino utiliza a la pandemia como excusa para prorrogarse en el Poder Ejecutivo ilimitadamente. Además, hacen hincapié en que la presidenta actúa como candidata presidencial pensando en el beneficio electoral propio y no como máxima autoridad del Estado.  

En medio de este debate por las elecciones presidenciales, del rol del oficialismo y de la oposición, las principales encuestadoras del país publican la intención de voto de los candidatos. De las encuestas realizadas se desprende que el MAS con Luis Arce como candidato se encuentra en el primer puesto de intención de voto, pero no llegarían a la mayoría necesaria para ganar las elecciones en primera vuelta. En el segundo puesto, figura el candidato de Comunidad Ciudadana Carlos Mesa y en el tercer puesto, se encuentra  Jeanine Añez, quien en el último mes sufrió una gran disminución en el porcentaje de apoyo a su candidatura. Como consecuencia del mal manejo de su gobierno en la pandemia y las acusaciones de corrupción por la compra irregular de respiradores.

El debate por las elecciones presidenciales nos lleva a pensar sobre la dicotomía que nos presenta el caso. Por un lado, encontramos quienes buscan salvaguardar el sistema democrático Boliviano, a pesar del alto costo sanitario que implica habilitar el proceso eleccionario. Y por el otro lado, se encuentra el oficialismo con grandes ansias de poder y la pretensión de postergar las elecciones presidenciales por tiempo indeterminado. Entonces, la paradoja que se le presenta a la clase política boliviana se orienta a acordar un punto de equilibrio entre las demandas democráticas y la nivelación del sistema sanitario dejando de lado frustraciones partidarias y pensando en el bienestar de los ciudadanos del Estado Plurinacional de Bolivia.

Sobre la autora 

Agustina Guarino es Magister en Integración Latinoamericana. Miembro del Área de Relaciones Internacionales de FLACSO-Argentina. 

Diarios Argentinos