Bolivia, entre la inestabilidad política y el COVID

Por: Agustina Garino


A partir de la crisis institucional y la posterior  interrupción democrática de noviembre de 2019, los ejes de política interna y externa de Bolivia se han modificado. Han tomado las riendas del Estado facciones políticas conservadores provenientes principalmente de las elites económicas y políticas de la medialuna oriental del país (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija). La Senadora Jeanine Añez miembro del partido Movimiento Demócrata Social se autoproclamó Presidenta del Estado Plurinacional, para acceder al cargo contó con el apoyo de los candidatos presidenciales Carlos Mesa, Oscar Ortiz  y Chi Hyung Chung, el presidente del Comité Pro Santa Cruz Luis Fernando Camacho, por el empresario Doria Medina, por el ex presidente “Tuto” Quiroga y por varias figuras controversiales en la historia democrática de Bolivia.

Desde el cambio en el Poder Ejecutivo se ha perseguido a líderes políticos con la excusa de haber cometido actos de sedición, terrorismo y hasta por incumplimiento de la cuarentena. Para ejemplificar se pueden mencionar numerosos casos, los más resonantes han sido las detenciones de Carlos Romero (ex Ministro de Gobierno del MAS), Gustavo Torrico (Asambleísta del MAS), Cesar Cocarico (ex Ministro del MAS) y Patricia Arce (Alcaldesa de Vinto por el MAS). Además se le han iniciado causas judiciales a Juan Ramón Quintana (ex Ministro de la Presidencia del MAS),  Vilma Alanoca (ex Ministra de Cultura del MAS) y Javier Zabaleta (ex Ministro de Defensa del MAS) a quienes se les ha negado el pedido de salvo conducto y desde hace siete meses se encuentran asilados en la embajada de México en ciudad de La Paz. Inclusive el Presidente Evo Morales Ayma afronta diversos cargos y pedidos de detención.

Si bien estos dirigentes deben responder como cualquier ciudadano por las causas que se les imputan, el principal problema se orienta a la utilización de la justicia como medio de persecución sistemática del gobierno y a la casi nula independencia de poder judicial. Sobre esta situación se ha expresado el relator especial sobre la Independencia de Jueces y Abogados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)  Diego García-Sayán, manifestó  su preocupación por el uso de la justicia con objetivos de persecución política en Bolivia.

En este marco también surgen denuncias a grupos pro-oficialistas por perseguir, amenazar y golpear a miembros de la oposición política en diversos puntos del país. Asimismo el gobierno ha utilizado a las fuerzas de seguridad para reprimir diversas manifestaciones en su contra. Los sucesos más trágicos tuvieron lugar en las protestas de Sacaba y Senkata en el mes noviembre de 2019. Estas protestas culminaron con 23 muertos, numerosos heridos y varios desparecidos como consecuencia de la represión estatal. Por estos hechos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició investigaciones y concluyó que en Sacaba y Senkata se masacro a los manifestantes. Se conceptualiza con este término dado el número de personas que perdieron la vida en un mismo modo, tiempo, lugar y por como las acciones se direccionaron en contra de un grupo específico de personas.

 Y es en este contexto convulsionado que Bolivia debe afrontar la crisis sanitaria provocada por la epidemia de Dengue y la pandemia de COVID-19. En los últimos meses, según cifras oficiales se han detectado más 9300 casos de dengue y han dado positivo de corona virus 1129 pacientes y 66 personas han fallecido. A raíz de la proliferación del virus se decretaron paulatinamente medidas de aislamiento social. El día 26 de marzo se anunció la ampliación de estas medidas a toda la población, decretando mayores restricciones e instaurando la emergencia sanitaria nacional. A ello se le sumó el cierre fronteras y la restricción estricta de circulación de vehículos y personas hasta el 10 de mayo.

Como consecuencia de la cuarentena implementada para evitar la transmisión masiva del coronavirus se suspendieron las elecciones presidenciales pautadas para el 3 de mayo de este año. Es importante recordar que a partir la crisis democrática de noviembre de 2019, Jeanine Añez asumió la presidencia del país de forma transitoria. Es por ello que luego varios meses de negociaciones el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dictaminó el 3 de mayo sería la fecha en que se llevarían a cabo las elecciones presidenciales. No obstante, en medio de la actual situación de emergencia sanitaria, el 21 de marzo el presidente del TSE suspendió las actividades de ese órgano y revelo la imposibilidad de mantener la fecha pautada para las elecciones presidenciales. También informó que enviarían al congreso un proyecto de ley para debatir la nueva fecha de los comicios.

A partir de esta decisión la tensión política se hizo latente y el pasado jueves la Asamblea Legislativa (de mayoría masista) promulgó la Ley de elecciones. Esta ley plantea que a partir del 3 de mayo se dispone de 90 días como máximo para celebrar las elecciones presidenciales. Sin embargo, el actual gobierno y su presidenta no están de acuerdo en celebrar las elecciones en el período pactado alegando la imposibilidad de desarrollarlas por la emergencia sanitaria. En este escenario Añez observó y rechazó la ley. Pero en la Constitución Boliviana en el artículo 163.11 se instaura que “en el caso de considerarse infundadas las observaciones, la Ley será promulgada por la presidenta o el presidente de la Asamblea. Las decisiones de la Asamblea se tomarán por mayoría absoluta de sus miembros presentes”. En este artículo se establece que no existe la posibilidad de veto presidencial de una ley, por lo tanto la Asamblea Legislativa le ordenó a la titular del Senado Eva Copa (MAS) que proceda a promulgarla.

La discusión se centra principalmente entre las posturas del MAS y la del gobierno de Añez. Por un lado, el MAS quiere llamar a elecciones presidenciales en no más de 90 días y por el otro, Añez pretende extender ese plazo hasta finales de septiembre. A su vez, el candidato presidencial Carlos Mesa pidió la celebración de elecciones cuando las medidas sanitarias lo permitan e hizo especial énfasis en la necesidad de concertar un espacio de diálogo nacional. Además instó a la presidenta que actué como árbitro y moderadora de la situación. Es evidente que Mesa hace estas declaraciones porque se encuentra en desacuerdo con el accionar Añez al considerar que la primera mandataria abordó la crisis desde una posición de candidata presidencial pensando en su propio beneficio político y no desde el rol de máxima autoridad estatal.

En resumen esta es la coyuntura que atraviesa Bolivia en la actualidad y en los próximos días se tendrán novedades dado que la Presidenta anunció que interpondrá una demanda de inconstitucionalidad de la Ley de elecciones. Su objetivo es dilatar los tiempos de implementación  de la ley por considerar que la apertura de las urnas pondrá en riesgo la salud de los votantes.

* Integrante del Área de Relaciones Internacionales de FLACSO-Argentina. Magister en Integración Latinoamericana. 

El lápiz verde