Bolivia a los golpes

Por: Mariano Fraschini

Periodista: ¿Qué querés ser cuando seas grande?

Niño aymara: Presidente de Bolivia, como Evo

Diálogo registrado en La Paz, 2013


Durante el siglo XX Bolivia tuvo en su haber 48 presidentes: 23 de ellos constitucionales (los surgidos del voto popular y los interinos) y 25 de facto, en los que se incluyen militares, cívico- militares y cívicos. Casi un primer mandatario cada dos años, y un presidente de facto cada cuatro. En más de cinco oportunidades durante el siglo pasado se anularon elecciones presidenciales, y en las décadas del sesenta y setenta, Bolivia contó con más de 20 presidentes sumando a las diferentes juntas, órganos colegiados y unicatos.   

El golpe de estado perpetrado contra Evo Morales, entonces, no inaugura una nueva forma de expulsar presidentes constitucionales en el país, pero sí lo retrotrae a sus peores momentos históricos. Desde el año 1982 cuando Hernán Siles Zuazo asumió como presidente constitucional, luego de que se les reconociera su triunfo electoral en la votación acaecida dos años antes, Bolivia inicio su proceso de transición a la democracia que se mantuvo hasta al domingo 10 de noviembre de este año. Sólo dos presidentes constitucionales no pudieron terminar sus mandatos en ese lapso (el propio Siles Zuazo en 1985 y Sánchez de Losada en 2003), pero en ambos casos primó la continuidad institucional. Es decir, la “cuerda de oro” de la institucionalidad democrática se mantuvo vigente y permitió que ambas renuncias se tramitaran dentro de los canales constitucionales. La de hace una semana, no. Fue lisa y llanamente un golpe de estado.

El triunfo de Evo Morales en las elecciones del 18 de diciembre de 2005 rompió con un esquema político, económico, social e institucional asentado en dos pilares fundamentales: la aplicación de las políticas neoliberales y los acuerdos parlamentarios de sostenimiento presidencial. Lo que la literatura politológica denominó el “presidencialismo parlamentarizado” boliviano (1985- 2005) se sostuvo a través del acuerdo entre las principales fuerzas políticas de esas décadas para llevar adelante una agenda de reformas estructurales orientadas al mercado en línea con el consenso neoliberal establecido en la región durante la década del noventa. El caso boliviano tuvo como particularidad distintiva la estabilidad institucional (garantizada por la elección congresal del presidente cuando ningún candidato obtenía el 50% de los sufragios), la absorción legislativa de los neopopulismos surgidos por derecha y por izquierda en ese contexto (Condepa y UCS) y la neutralización (acompañada en muchos casos con la represión) de las demandas sociales. La sucesión de presidentes de distintas líneas partidarias con sostén parlamentario en esos veinte años, les permitió a las elites políticas y económicas tradicionales gozar de una estabilidad política no exenta de resistencia social. La salida anticipada de Sánchez de Losada en octubre de 2003 marcó el principio del fin de la democracia “pactada”, y la sucesión de Carlos Mesa le abrió el camino a un nuevo ciclo político en Bolivia.

Evo Morales asume la presidencia de Bolivia el 22 de enero de 2006, y de forma inmediata le da cumplimiento a sus dos banderas de campaña: nacionalización de hidrocarburos y Asamblea Constituyente (AC) para refundar el Estado. Logra materializar la primera, con presencia militar incluida, y encuentra una fuerte resistencia regional con la segunda, fundamentalmente de la “medialuna” del país. Los departamento de Santa Cruz de la Sierra, Beni, Pando y Tarija se convirtieron desde el inicio de su mandato en la principal resistencia a las políticas de Morales. Con la desaparición electoral de los partidos tradicionales que habían parido la democracia pactada, un nuevo actor social se hacía presente en el país: los movimientos con epicentro en las regiones. En ese marco, los Comités Cívicos inauguraron una nueva forma de resistencia que superaba a la tradicional partidaria. De su seno surgieron un conjunto de líderes que mantuvieron con Evo Morales una lucha encarnizada y sin cuartel, al que consideraban (y como se vio aún consideran) un presidente ilegítimo. Los primeros cuatro años de gobierno fueron para el líder indígena un importante desafío y un aprendizaje veloz de cómo gobernar su país. En el medio se sucedieron: masacres como la de Pando, revocatorios de mandato presidencial y de prefectos, referendos autonómicos, empantanamiento de la AC, huelgas de hambre presidencial, intentos varios de derrocamiento, amotinamiento policial y, paradójicamente, una sociedad “partida” que ubicaba a la elección como medio de resolución de conflictos.

El segundo gobierno de Evo (2009-2014) se caracterizó por la menor intensidad en la resistencia de la “medialuna”. Fortalecido por el 64% de los votos (en el revocatorio del año anterior había alcanzado el 67% de los sufragios) el primer mandatario logró un crecimiento económico sin igual, y un proceso de ampliación de derechos inédito para el país. El mejoramiento de los índices económicos y sociales alcanzó a las regiones opositoras y le permitió a Morales avanzar electoralmente sobre ellas. La revolución en las áreas de infraestructura, carreteras, del litio, entre otras, le permitieron al líder boliviano reelegirse, una vez más, superando el 60% de los sufragios pero con una composición geográfica electoral más homogénea: ganó en todos los departamentos, menos Beni.  

La popularidad de Evo por esos años se encontraba en las alturas, pero con un techo imposible de perforar y asentado en los sectores tradicionales siempre refractarios a las políticas distributivas.  En ese marco decidió ir por la habilitación de una nueva reelección. El 21 de febrero de 2016, en un contexto muy difícil a nivel regional (triunfo de Macri, derrota del chavismo en las legislativas, comienzo del juicio político a Dilma) Morales llevó adelante un referéndum en el que cayó derrotado por la mínima (2,3%), en el marco de una campaña sucia que desde sus inicios tuvo al presidente como un punching- ball en la opinión pública.

A pesar de la derrota electoral, Evo insistió con la re-reelección. Con una economía en crecimiento, índices sociales más que auspiciosos y una sociedad mayoritariamente conforme con los logros de los últimos años, el presidente logró la aprobación del Tribunal Supremo Electoral para presentarse en las elecciones de este año. A diferencia de las votaciones anteriores, en esta la oposición jugó a dos estrategias simultáneas 1) deslegitimar la candidatura de Evo Morales, a pesar de competir con él y 2) achicar su oferta electoral y presentar un candidato taquillero. En ese sentido, Carlos Mesa ofició como un “candidato ideal” frente al presidente, ya que reunió en torno a su figura los apoyos de los sectores más duros del electorado, y de una buena parte de las clases medias beneficiadas por el modelo, pero refractarias al proceso de cambio.

La victoria electoral de Evo con un porcentaje menor al histórico que ya fue explicada aquí, operó como un bálsamo para la oposición boliviana. Desde el día de la elección, al antievismo jugó sus cartas a una única estrategia, la de desplazar a Evo Morales del Palacio del Quemado: por los votos o por las botas. La legalidad pasó a un segundo plano, y luego de certificado el triunfo en una primera vuelta no exenta de polémicas en ese contexto, los sectores más duros de la oposición capitanearon el camino hacia el golpe de estado. La OEA simplemente fungió como un actor más en el interior del Golpe, tal vez el decisivo en las primeras horas posterior a los comicios y, sobre todo, el mismo 10 de noviembre.

Finalmente, de la mano de los sectores más reaccionarios del Oriente, y conducidos por Luis Fernando Camacho expresión de la derecha más violenta y racista, la oposición se apoderó de facto del poder político. Con el apoyo explícito de EEUU, el silencio cómplice de los vecinos de la región y, como dijimos, la cobertura político-electoral de la OEA (que siempre se cuidó y habló de irregularidades y no de fraude), se consumó un golpe de estado por demás adelantado por los medios una semana antes. Las escenas violentas que se dieron desde el mismo 21 de octubre, y que se acrecentaron en los días posteriores ante la pasividad policial y militar, marcaron los días finales del MAS en el poder. La declaración de los militares en esos días, en relación a que no iban a “disparar al pueblo” cuando la calle se tiñó de protestas opositoras, quedó echa trizas cuando las movilizaciones populares pidiendo la renuncia de Añez se hicieron presentes durante esta semana. El estatus distinto de “pueblo” que los militares bolivianos asumieron en estos últimos días, tal vez ayude a comprender la verdadera razón del golpe y sus ramificaciones posteriores.

El asalto al poder dado por la dupla Añez-Camacho representa el triunfo de la oligarquía tradicional del oriente del país. Incapacitados de hacerlo por vía electoral, se valieron de un contexto propicio nacional e internacional, y lo alcanzaron por la fuerza (es cierto, como apunta Serrano Mancilla no fueron los únicos). El revanchismo de clase, su fanatismo religioso y el odio étnico que anida en sus primeras medidas contrasta con la oposición electoral más “moderada” que tuvo como expresión la candidatura de Carlos Mesa. El gabinete designado por la presidenta de facto es la muestra palmaria de una elite tradicional recuperando posiciones de gobierno. Si la revolución de Evo, como lucidamente escribió Martín Sivak, implicó la suplantación de una clase social gobernante por otra, este retorno de las elites tradicionales al poder puede encuadrarse en una clásica contrarrevolución de los poderosos. 

En las últimas horas, un decreto supremo firmado por la auto designada presidenta le da vía libre a la fuerzas de seguridad para que mediante una represión sin consecuencias legales alcancen el orden social que el gobierno de facto aún no logra, ni con los apoyos de la OEA  y EEUU. A pesar de ello, la resistencia al golpe se mantiene en las calles. El MAS logró, en ese marco, elegir a Eva Copa como presidenta del Senado y a Sergio Choque titular de Diputados intentando dotar de institucionalidad al Poder Legislativo, pero con escasos éxitos para frenar la represión y el golpe. La geopolítica internacional se torna una variable poco colaboradora en este escenario. La desesperación norteamericana por ver caer a cualquier costo a los gobiernos de Bolivia, Venezuela y Nicaragua y controlar sin resistencias su “patio trasero”, colisiona contra la paz social en el país del altiplano. La UE y Rusia se expresaron a favor de un pronto retorno a la institucionalidad democrática “validando” el golpe de hecho, pero atendiendo a que la legalidad del próximo gobierno sólo provendrá del voto popular.       

Se viven horas decisivas en Bolivia y en Sudamérica. Estos sucesos nos retrotraen a las épocas más oscuras de la región. Sin embargo, la historia no se repite calcada y los procesos políticos los protagonizan hombres y mujeres irrepetibles. Bolivia sangra con sus más de 15 muertos y sus varios centenares de heridos. Sin embargo, como apuntamos arriba, su historia está plagada de golpes de estado, de presidentes civiles de facto, pero también de retornos presidenciales, como lo atestiguan los de Siles Zuazo y Paz Estensoro. También de elecciones suspendidas y que varios años después corona tardíamente a los ganadores. Bolivia a los golpes, una vez más.

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