Biocombustibles, así no

Por: Jorge Luis Feijóo

El Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles (Ley 26.093, 2006), fue una acertada decisión que abrió un horizonte de oportunidades en el campo de la bioenergía, que se ha traducido en varios e importantes logros.

Numerosas plantas industriales, de cuantiosas inversiones, se han instalado en buena parte de la geografía argentina para procesar materias prima; 34 de biodiesel a partir de soja, 12 de bioetanol a partir de caña de azúcar y 6 de bioetanol a partir de maíz. Un parque industrial que produce los volúmenes necesarios para que el 10% del total de gas oil consumido en el país es biodiesel y el 12% de naftas es bioetanol. Es decir, estos son los porcentajes de combustibles fósiles que son sustituido por biocombustibles de fuentes renovables.

La posibilidad de destinar parcialmente la producción de esas materias prima a su uso como combustible, les ha permitido disponer de opciones para mejorar su presencia en los mercados. En el caso de la soja, sustituir exportaciones de aceite crudo por un producto con buen agregado de valor y demanda en el mercado interno y externo. Para la caña de azúcar, eliminar históricos excedentes de azúcar. El maíz ha diversificado sus alternativas de transformación industrial, con la utilización de sus dos subproductos principales, la explotación pecuaria que incorpora a la dieta animal los granos destilados y la oferta de gas carbónico renovable para bebidas y otros usos.

Se han abierto nuevos y numerosos puestos de trabajo directos e indirectos, en condiciones calificadas, ya que en todos los casos están asociados a nuevas tecnologías aplicadas. Un proceso que también ha exigido inversiones en bienes y servicios en el sector metalmecánico y de logística; en los cuidados ambientales vinculados, que aplican nuevos sistemas y tecnologías en el proceso industrial y en el aprovechamiento agrícola de productos derivados.

Además de estos resultados directos de un Régimen de Promoción que alentó inversiones, producción y consumo, hay otros indirectos, como el de ciudades que ya tienen un avanzado proceso de aplicación del biodiesel a sus flotas del transporte público urbano, caso Rosario, donde hay 800 colectivos que operan con biodiesel al 100%.

Pero este proceso está en serio riesgo, en riesgo de colapso.

El precio de los biocombustibles es fijado por la Secretaría de Energía, que en los dos últimos años ha tenido un proceder errático y perjudicial para la actividad.

Desde octubre de 2017, los cambios de procedimientos para la determinación de los precios han perjudicado sistemática y recurrentemente a los biocombustibles, como lo demuestra una simple comparación de la evolución de uno de ellos, el precio de bioetanol de caña de azúcar, con el de la nafta. Entre mayo de 2017 y mayo de 2019, la nafta súper fue incrementada en un 133% mientras que el precio del bioetanol de cañal de azúcar sólo en un 65%.

Otra referencia pertinente es la variación del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), previsto para actualizar por inflación algunas variables del procedimiento de precio; en el mismo periodo, el IPIM ha experimentado una variación del orden del 90%.

Similar retraso lo padecen el precio del bioetanol que se produce a partir de maíz y el biodiesel de soja.

Como no podía ser de otro modo, este arbitrario proceder ha originado numerosas acciones judiciales por parte de empresas fabricantes de bioetanol y biodiesel, algunas de los cuales ya tienen medidas de Amparo con sentencia favorable en primera instancia.

Hace unos pocos días, ingresó a trámite en el Senado de la Nación un proyecto de ley para declarar en “emergencia económica, productiva, financiera y social … a la cadena de producción sucroalcoholera”, con la firma de los senadores de Cambiemos Silvia B. Elías de Pérez, Silvia del Rosario Giacoppo y Mario R. Fiad, que refleja la muy difícil situación que atraviesa el sector (terminal para algunas de las empresas: hay dos ingenios azucareros de Tucumán que no molerán en esta zafra 2019 y otro transferido por las deudas acumuladas), entre cuyas causas se destaca el castigado precio del bioetanol.

En mayo de 2018 pareció haberse encontrado una solución, luego de un arduo trabajo en el que se analizaron los costos, conjunto con el sector privado, el Ministerio de Energía emitió la Disposición 87/18 por la que establece un nuevo procedimiento para el cálculo de precio. Pero duró poco, y cada cambio abonó la regresión.

¿Qué se busca… volver todo atrás?

El Gobierno Nacional tiene a mano una solución, que el mismo elaboró, y contaría con acuerdo del sector privado, restituir la Disposición 87/18 de mayo de 2018.


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