Ballotage en Uruguay: la disputa por los derechos conseguidos

Por: Jorgelina Loza


El anuncio de una segunda vuelta en las elecciones de Uruguay dio muestras de algo que se venía manifestando tímidamente: el poder construido por el Frente Amplio, luego de quince años continuados al mando del gobierno nacional, estaba resquebrajado.

Los resultados de la primera vuelta de las elecciones nacionales arrojaron un 39.2% de los votos para el candidato oficialista, Daniel Martínez; y un 28.6% para Luis Lacalle Pou, el candidato del Partido Nacional, de centroderecha. De acuerdo con la ley uruguaya, para ganar la presidencia en primera vuelta, es necesario obtener al menos el 50% de los votos. Declarada la segunda vuelta para el domingo 24 de noviembre, Lacalle Pou anunció sus intenciones de conformar una coalición “multicolor”, integrada por los partidos minoritarios que se habían presentado a elecciones. Alguno de ellos sería la gran sorpresa del panorama político uruguayo, no solopor los resultados obtenidos sino también por las actitudes de sus candidatos.

El balotaje del domingo 24 parecía estar definido. Los días anteriores, las encuestadoras daban un firme margen a favor del candidato de la coalición multicolor, que iba desde los 10 a los 5 puntos porcentuales. Pero el final de la jornada electoral arroja, con casi el 99% de los votos escrutados, una diferencia ínfima, cercana a 30 mil votos, que además es menor a la cantidad de votos observados por presentar irregularidades. Ello significa que tendremos que esperar al escrutinio definitivo, a fines de esta semana, para conocer los resultados del conteo final.

Aun si Daniel Martínez no ganara, la estrecha diferencia de votos da cuenta del trabajo minucioso y cara a cara que los activistas frenteamplistas desarrollaron en las últimas semanas, incluido el ex presidente Mujica, quien tomó un rol central en este tramo de la campaña. El Frente Amplio podrá evidenciar un claro desgaste, pero sigue siendo un importante actor del sistema político.

La primera vuelta electoral dejó al descubierto tendencias claras hacia la polarización y, además, la aparición de nuevos referentes en la política nacional. Ambas tendencias se plasmaron en la conformación del nuevo parlamento. En la elección del 27 de octubre, se eligieron también representantes legislativos. El Frente Amplio conservará trece senadores de un cuerpo de treinta integrantes. De esos trece, solamente cinco son mujeres. En diputados tampoco tendrá mayoría el Frente Amplio, y se contará con la participación de 19 mujeres sobre un total de 99 representantes. Esta disparidad coincide con la ausencia de grandes propuestas relacionadas con políticas de diversidad e identidad de género en los documentos programáticos de los postulantes.

Son siete los partidos que obtuvieron representación en el parlamento: Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Ecologista Radical Intransigente, Partido de la Gente y Partido Independiente. Asumirán en marzo de 2020, junto con el nuevo presidente. El nuevo parlamento se muestra altamente fragmentado y podría ser un escenario propicio donde tome forma y se consolide la alianza que el Partido Nacional expuso como estrategia para el balotaje, o bien una arena de constante conflicto. Los próximos años de gobierno deberán concentrar esfuerzos en una gobernabilidad negociada.

En la composición de las cámaras de Diputados y del Senado aparece la primera sorpresa: el partido Cabildo Abierto, recientemente conformado y cuyo líder es el retirado comandante en jefe del Ejército Nacional del saliente presidente Tabaré Vazquez, consiguió once bancas en Diputados y tres en el Senado. Cabildo Abierto ha estado en el centro de la escena en los últimos días, ya que aun en veda electoral su líder Guido Manini Ríos difundió por redes sociales un video en el que convocaba a votar por Lacalle Pou y advertía sobre los peligros del regreso del marxismo a la política nacional. Este partido reúne grupos evangelistas y representantes de fuerzas de seguridad, con un discurso marcadamente homofóbico que está en contra del matrimonio igualitario, así como posturas misóginas que proponen revisar el acceso al aborto legal y se oponen a la protección de personas trans. Una de sus propuestas habla del retorno de las mujeres al hogar para el cumplimiento de sus tareas reproductivas, relegadas por su salida al mundo laboral.

Además de su corta trayectoria electoral, lo que parece haber llamado a la reflexión de los votantes son los cuestionamientos de su líder a la agenda de derechos aprobada por el Frente Amplio en sus tres períodos de gobierno. El video de Manini Rios parece haber causado el efecto contrario al buscado. El fuerte rechazo que generó en el Frente Amplio y el Partido Socialista fue acompañado de un enfático repudio de la central de trabajadores PIT-CNT. El Partido Nacional, que comparte coalición con el del Manini Rios, se mantuvo en silencio. Es por ello que la probable victoria de Lacalle Pou y los acuerdos con los demás partidos de la coalición abren enormes interrogantes respecto de los derechos humanos.Se avizora un ajuste fiscal, una mayor libertad para el accionar de fuerzas de seguridad y una política exterior de corte liberal y aperturista, pero todas estas medidas requerirán una negociación constante con todas las fuerzas políticas.

El Frente amplió nació en 1971 como una coalición de partidos de izquierda. Luego de varios intentos, llegó a la presidencia en 2004 cuando Tabaré Vázquez ganó las elecciones nacionales por un escaso margen. Le sucedió el quinquenio de José “Pepe” Mujica y, de 2015 a 2020, una nueva presidencia de Tabaré. Esos quince años dieron lugar a una sostenida recuperación económica que sacó al país de los indicadores negativos que la crisis de 2002 había dejado. La disminución de la pobreza, la indigencia y el desempleo, junto con el aumento del PBI, posicionaron a Uruguay en un lugar privilegiado en América Latina.

Pero además se trató de un período en el que se concretó el acceso a derechos fuertemente demandados por la activa sociedad civil uruguaya. El acceso al aborto en toda circunstancia (2012), el matrimonio igualitario (2013), la legalización de la venta y el cultivo de cannabis (2013), y legislación dirigida a la población trans (2018), se sostienen en el presente como los grandes logros del Frente Amplio.

La situación económica se encuentra estancada hace algunos años, incluso ha subido el desempleo y bajado el consumo. Esto se ha sentido con más fuerza en el interior del país, que cuenta con una tradición política más conservadora que la capital. En ese contexto, han aparecido críticas a las formas en que el Frente Amplio ha lidiado con la pobreza. Las políticas asistencialistas o focalizadas adjudicadas al Frente Amplio (aunque han existido desde la década de los ‘90) son enfrentadas por propuestas individualistas, que se concentran en fórmulas meritocráticas basadas en conceptos demasiado amplios como la esperanza y el optimismo. Estas ideas individualizantes han resultado realmente costosas para otros países cercanos como Chile y Argentina.

Además de la carencia de una sincera autocrítica, quizás el Frente Amplio y sus votantes deberían haber tomado con mayor seriedad el crecimiento de un sentido común que parece adjudicar la pobreza a méritos individuales antes que a condiciones sociales. Ese retroceso ideológico está directamente relacionado con el crecimiento en las urnas de partidos que sostienen propuestas conservadoras en materia de derechos. La avanzada de una coalición de partidos de derecha, encabezada por Luis Lacalle Pou, puede explicarse, entonces, por una serie de procesos políticos internos al Frente Amplio pero, también, por un clima político regional que discute aquella idea de que Uruguay es una isla dentro de América Latina.

El período frenteamplista de 2014-2020 se ha caracterizado por cierto estancamiento del impulso transformador que había tomado el período anterior y que no logró consolidar nuevos liderazgos dentro del Frente. A esta situación debemos sumar algunos hechos de corrupción altamente mediatizados, el crecimiento del déficit fiscal y el preocupante aumento de las estadísticas de inseguridad. Este último dato aparece en las encuestas como el elemento de mayor preocupación para la población, que además se muestra mayoritariamente en contra de la política garantista que adoptó el Frente Amplio.

Podemos decir, entonces, que lo que se vio en las elecciones presidenciales de 2019 en Uruguay fue la disputa entre dos modelos de país antagónicos y claramente definidos. Por un lado, una propuesta de continuidad de un partido de orientación progresista como el Frente Amplio (aunque venía reuniendo críticas por cierta derechización en sus políticas); y, por el otro, una propuesta pro empresarial, individualista y conservadora concentrada en la coalición multicolor liderada por Lacalle Pou. Quien vaya a gobernar por los próximos cinco años, deberá conciliar esos intereses.

El Frente Amplio apostó en la segunda vuelta a una estrategia que había resultado exitosa en disputas anteriores: la convocatoria a votar a uruguayos residentes en el exterior, a partir de brindar ayudas económicas. Se calculaba que unos 20 mil uruguayos residentes en Argentina viajarían a votar en esta segunda vuelta. Ello da cuenta de fenómenos que caracterizan a la nación uruguaya: el fuerte compromiso político de su población, la tradición activista y cierta lealtad republicana. El Frente Amplio es la única fuerza política que se reconoce extra-territorial y que convoca a viajar a votar, dado que no existe el voto consular en Uruguay. No sería la primera vez en la historia del Frente que el voto de quienes viven fuera del territorio nacional logre revertir las tendencias observadas.

Pero la alta politización de la sociedad uruguaya también es una tradición que habrá que seguir de cerca. Nada parece estar cerca de definirse en torno a posturas binarias. Junto con las elecciones de la primera vuelta, los votantes uruguayos rechazaron una reforma constitucional que incluía, entre otras medidas, el establecimiento de una fuerza policial militar. Aunque la propuesta fue rechazada, el porcentaje a favor de la misma fue bastante amplio (46.7%).  

Es decir, observamos un avance de posturas de derecha que proponen discutir derechos que ya forman parte del sentido común oriental, en convivencia con una fuerte institucionalidad que ha sido central para la posición  histórica de Uruguay en la región latinoamericana. Exponente de esa institucionalidad es el presidente Tabaré Vázquez, quien votó muy temprano este domingo y se mostró proclive a trabajar en una transición democrática, destacando la paz uruguaya frente a la convulsión regional. Resaltó la estabilidad de la democracia uruguaya y se mostró comprometido con su cuidado. Aunque estas declaraciones refuerzan esa idea discutible de la excepcionalidad uruguaya, el contexto regional muestra que será un desafío del nuevo gobierno el mantener cierto equilibrio político y social.

El presente muestra una conflictividad que había estado contenida por las instituciones democráticas y que estalla en los ojos de las naciones latinoamericanas. Una democracia que garantizaba derechos a una universalidad sesgada, definida a partir de ideas muy estrechas respecto de quiénes somos. Estalla la cuestión de la multiculturalidad en Bolivia y Ecuador. Estalla la desigualdad social en Chile y Colombia. Si continúa avanzado la posición conservadora en América Latina, es de esperarse que esta conflictividad se manifieste,incluso en un país de larga tradición democrática e institucionalista como Uruguay. Son tiempos para pensar, en profundidad, de qué manera podemos esperar que este conflicto se haga presente en ese país y en Argentina, que parece estar atravesando una transición esperanzada hacia otro impulso transformador.


*Jorgelina Loza. Investigadora CONICET, Maestría en Relaciones Internacionales FLACSO y UBA.



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