Claves del decreto para implementar los ajustes en el Estado

Será publicado la semana que viene. Prevé el congelamiento en el ingreso de empleados públicos y una reducción de gastos en viáticos, entre otras medidas. Se pretende ahorrar más de $20.000 millones.

A comienzos de junio, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el de Modernización, Andrés Ibarra, anunciaron un plan de “control y reducción de gastos” en la administración pública nacional, con el objetivo de reducir el déficit fiscal. Trascurrido más de un mes, el decreto de ajuste del Estado está casi terminado y será publicado a principios la semana próxima. A continuación, las claves de un paquete de medidas que pretende achicar el gasto público en más de $ 20.000 millones este año.

La decisión más significativa es el congelamiento en el ingreso de empleados públicos hasta el final del mandato del presidente Mauricio Macri, en diciembre del 2019. Así, ante renuncias o jubilaciones de trabajadores estatales, los cargos no podrán ser cubiertos con nuevo personal bajo ninguna modalidad de empleo. Este criterio abarcará a todos los Ministerios y los organismos descentralizados. El texto prevé excepciones para las universidades, el Conicet, el cuerpo diplomático de Cancillería y las Fuerzas Armadas y de seguridad, que sí podrán ampliar su planta.

Además, se cancelarán los convenios de Asistencia Técnica con universidades a partir del próximo año. Esta modalidad permitía contratar personal a bajo costo, sin generar relación de dependencia. Unos 7000 empleados públicos prestarían en la actualidad servicios a través de este tipo de contratos.

Otra de las disposiciones del decreto presidencial es disminuir los gastos en viáticos, horas extras y gastos de movilidad. El objetivo es reducir las erogaciones de estos rubros en un 30% ─en valor nominal y no por inflación─ desde el segundo semestre de 2018. La austeridad alcanzará, por ejemplo, a los vuelos de los funcionarios: solo los ministros podrán viajar en clase ejecutiva y los secretarios, para tramos de más de 8 horas. Hasta ahora, cada Ministerio resolvía con discrecionalidad quién de sus empleados podía disponer de vuelos en la clase preferencial.

Asimismo, se achicará la flota de vehículos utilizados por los funcionarios públicos a partir de un relevamiento de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). El decreto prevé, entre otras medidas, un control más estricto del personal y los salarios pagados por las empresas públicas y la prohibición de los funcionarios que, además, sean directores en compañías públicas de cobrar sueldos por ambos cargos.

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