Aborto, un debate pendiente

Es la primera causa de muerte materna en el país y uno de los principales problemas de salud pública. Sin embargo, la discusión entre posturas contrarias en torno a esta práctica es intensa. ¿Qué dice el marco legal argentino? ¿Cuáles son las cifras de este fenómeno? ¿Qué ocurre en el resto de la región y el mundo?




En Argentina, el aborto clandestino es desde hace décadas la primera causa de muerte materna. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, en nuestro país se realizan entre 370 y 522 mil interrupciones de embarazo por año. En 2014 murieron, como consecuencia de un aborto inseguro, 43 mujeres, un 30% más que en 2012. Aunque al no haber un registro oficial, se estima que la cifra es mucho mayor.
El aborto es, en efecto, un problema de salud pública que afecta la vida y la seguridad de las mujeres y de sus familias. El debate en torno a esta práctica es particularmente intenso, porque requiere delimitar hasta qué punto el Estado puede regular la vida privada de los ciudadanos y, más aún, legislar sobre el cuerpo de las mujeres. La falta de reconocimiento del derecho al aborto no solo atenta contra la integridad física de las mujeres sino que, a raíz de su criminalización, también las puede poner detrás de las rejas, como se visibilizó con el caso Belén. 
¿Qué dice el marco legal argentino? ¿Cuáles son las cifras de este fenómeno? ¿Qué ocurre en el resto de la región y el mundo?



Desde 1922, el Código Penal admite el aborto no punible en dos situaciones: ante el riesgo de vida y de la salud de la mujer y cuando el embarazo proviene de una violación. El artículo 86° del Código establece que “el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible: 1º) Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; 2º) Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto.”
Es decir, el aborto es considerado un delito para el derecho argentino salvo en circunstancias muy precisas. El Fallo “F.A.L.” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de marzo de 2012, interpretó el inciso 2° del artículo 86° del Código Penal de manera amplia, ratificando que no resulta punible la interrupción del embarazo proveniente de toda clase de violación y que cualquier caso de aborto no punible no está supeditado a trámite judicial. La sentencia del máximo tribunal le puso fin a las interpretaciones restrictivas que hacían algunos jueces, que limitaban la eximición de pena solo a las víctimas de violación con discapacidad mental.
 A su vez, el fallo estableció que para que la mujer pueda realizarse la práctica, alcanza con completar una declaración jurada dejando constancia del delito del que fue víctima para que los profesionales que la asistan puedan efectuar el aborto sin responsabilidad penal. Exhortó, además, a la Nación y a las provincias a implementar protocolos hospitalarios para la correcta atención de los abortos no punibles.




El gobierno de la Nación actualizó por última vez el protocolo de actuación para abortos no punibles en 2015. La guía de atención, obligatoria para todas las instituciones sanitarias del país, recupera los lineamientos del fallo F.A.L. de la Corte Suprema, enmarca la interrupción del embarazo como parte de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y busca remover obstáculos burocráticos para hacer efectiva la práctica.
En las provincias el panorama es más dispar. Un tercio de ellas cuenta con protocolos hospitalarios basados en el fallo de la Corte (Misiones, Jujuy, Chaco, La Rioja, Santa Fe, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego); los otros dos tercios o tienen protocolos restrictivos, que entorpecen la aplicación efectiva del aborto no punible (Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, La Pampa, Córdoba, Entre Ríos y Salta); o directamente no tienen ninguno, lo cual implica no acatar la sentencia del máximo tribunal de Justicia (Formosa, Corrientes, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, San Luis, San Juan y Mendoza).
 Al respecto, Paola Bergallo, profesora del Departamento de Derecho de la Universidad Di Tella, explicó que “hace cuatro años que la Corte se pronunció sobre en el fallo F.A.L., y todavía hay problemas de interpretación. Las normas tienen ámbitos de incertidumbre en donde juegan los sectores conservadores para interpretarlas restrictivamente. La Justicia Federal ha emitido una regulación que se aplica desigualmente en las provincias”.




El País Digital dialogó con Paola García Rey, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional Argentina, para dimensionar la situación del aborto en nuestro país. “El hecho de que no haya un registro oficial de abortos en nuestro país complica cualquier posibilidad de elaboración de una política pública informada. Se estima que se realizan 500 mil interrupciones de embarazo por año, pero es posible que la cifra sea, en rigor, mayor”, señaló.
Sobre la posibilidad de que desde la política se avance en la despenalización del aborto, García Rey indicó que “el presidente Macri mandó un mensaje claro de que el tema no está en su agenda. Pero inclusive durante los debates electorales del año pasado, los principales candidatos evitaron sistemáticamente expedirse sobre la cuestión”. Tras el fallo F.A.L., “la justicia ya se expidió. Ahora le toca al Congreso de la Nación elaborar una política pública”, agregó la especialista.
Hasta el momento, la posición de los sucesivos gobiernos era que no había mujeres presas. El caso Belén contradice esta presunción, que además demuestra un ensañamiento a lo largo de todo el proceso de jueces, policía y autoridades sanitarias. La criminalización es una amenaza constante para las mujeres, que deben elegir entre la cárcel o un aborto inseguro. En las clases acomodadas, esta amenaza no se da”, sostiene la directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional Argentina. “En nuestro país se da una paradoja: no tenemos una de las legislaciones más restrictivas en materia de aborto, como tienen Chile o el Salvador, pero nos parecemos mucho a estas naciones, porque en la práctica hay más criminalización de lo que indica la ley”.
 García Rey cierra la conversación con un diagnóstico concluyente: 
“Diversos estudios demuestran estadísticamente que los índices de mortalidad materna son más bajos en los países que reconocen el derecho al aborto”.



En Argentina el aborto clandestino es desde hace décadas la primera causa de muerte materna.

En 2015, en la Argentina se realizaron entre 370 y 522 mil interrupciones de embarazos por año, según el Ministerio de Salud de la Nación.


Considerando que cada año nacen aproximadamente 750.000 niños, cada 100 nacimientos hay 66 abortos.


En 2014 murieron, como consecuencia de un aborto inseguro, 43 mujeres, un 30 por ciento más que en 2012.


En los últimos años, las muertes por aborto clandestino fueron: 79 en 2005, 93 en 2006, 64 en 2007, 62 en 2008, 87 en 2009, 68 en 2010, 73 en 2011, 33 en 2012 y 50 en 2013.


Para el período 2007-2011, más de la mitad de las provincias (17 de 24) tuvieron a las complicaciones relacionadas con el aborto como la primera causa individual de mortalidad materna.


Las mujeres de 20 a 24 años representan la mayor proporción del total de los egresos por complicaciones de abortos. 


Cada año, alrededor de 100 mil mujeres son internadas en hospitales públicos por complicaciones de un aborto, según el Ministerio de Salud de la Nación.


2 de cada 10 internaciones por complicaciones derivadas de aborto corresponden a adolescentes y niñas (de 10 a 19 años).







Entre 2010 y 2014 se produjeron alrededor de 56 millones de abortos cada año.
En el mismo período, se registraron a nivel global 35 abortos cada 1000 mujeres de entre 14 y 44 años.
La tasa de aborto declinó marcadamente en los países desarrollados (un 41%) desde 1990, pero se mantuvo estable en los países en desarrollo.
La tasa de abortos anuales es mayor en las regiones en desarrollo (37 cada 1000 mujeres) que en regiones desarrolladas (27 cada 1000 mujeres).
Globalmente, 25% de los embarazos terminaron en aborto entre 2010 y 2014.
73% de los abortos registrados a nivel mundial (es decir, 41 millones) fueron realizados por mujeres casadas.
Anualmente, alrededor de siete millones de mujeres en países en desarrollo son hospitalizadas por complicaciones derivadas de abortos inseguros y por lo menos 22 mil mueren por estas complicaciones.
 Hacia 2011, 46% de los países en el mundo permitían el aborto en función de los riesgos sobre la salud de la mujer. El 29% reconocían el aborto a solicitud en el primer trimestre del embarazo.








Existe un proyecto de ley de la “Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito” para consagrar el derecho a la interrupción del embarazo en las primeras 14 semanas de gestación, sin tener que dar ninguna explicación (tal como ocurre, por ejemplo, en España). En los casos de violación, en los que hay riesgo de vida o salud física o psíquica de la mujer o si se detectan malformaciones fetales graves, el plazo para abortar se extendería.
El proyecto cuenta con la firma de más de 70 legisladores de todo el arco político, encabezado por la firma de Victoria Donda. La legisladora de Libres del Sur argumentó que “hay que ir al recinto a discutir una ley que regule el aborto seguro y gratuito. La interrupción legal del embarazo no puede ser visto como un reclamo de un sector de mujeres de clase media. Tiene que ser una bandera colectiva, de toda la sociedad”.
La penalización del aborto no desincentiva la práctica, solo aumenta los riesgos de quienes no tienen recursos para acceder a una interrupción del embarazo seguro y con la atención médica necesaria. El aborto es un fenómeno de salud pública que afecta la integridad y la vida de las mujeres en general e incide con más fuerza en los sectores en situación de pobreza. Su criminalización, antes que una solución, es un agravamiento del problema.