A diez años de la ley de matrimonio igualitario

OPINIÓN. El 15 de julio se cumplen diez años de la sanción de la ley 26.618 que modificó el artículo 172 del antiguo código civil y reguló el matrimonio con independencia del género de los y las contrayentes, dando lugar al denominado matrimonio igualitario.

El 15 de julio se cumplen diez años de la sanción de la ley 26.618 que modificó el artículo 172 del antiguo código civil y reguló el matrimonio con independencia del género de los y las contrayentes, dando lugar al denominado matrimonio igualitario.

El proyecto de ley fue impulsado y estuvo atravesado por la incansable lucha del movimiento LGTBIQ+, que antes de la aprobación parlamentaria había logrado sentencias favorables en distintas ciudades el país. Sin la potencia, la presión, y el apoyo al trámite legislativo de las organizaciones LGTBIQ+, la ley difícilmente hubiera alcanzado su aprobación. Esto es así porque buena parte de las conquistas de derechos han necesitado de lágrimas y sangre, y las demandas por reconocimiento articuladas por movimiento LGTBIQ+ no son ajenas a esos dolores y llantos.

Pero además de la sangre y las lágrimas de las organizaciones, la aprobación de la ley necesitó de la formación de mayorías parlamentarias. En la Cámara de Diputados y Diputadas el resultado fue de 125 votos a favor, 109 en contra y 6 abstenciones, con estos porcentajes: el 63% del bloque del Frente para la Victoria (FPV) votó a favor, el 79% del peronismo federal en contra, el 56% de la Unión Cívica Radical (UCR) y el 55% del Propuesta Republicana (PRO) también votaron en contra. En el Senado el resultado fue de 33 votos a favor, 27 en contra y 3 abstenciones, y los bloques mayoritarios lucieron estos números: el 63% del FPV votó a favor, mientras que el 70% de UCR votó en contra. De los bloques más numerosos, el FPV fue el único que se inclinó mayoritariamente por la sanción de la ley. Por ese entonces, la mayoría de la UCR y del PRO, hoy nucleados en la Alianza Cambiemos, se opuso al reconocimiento de derechos.  

El gesto del FPV, ampliamente favorable a la ley de matrimonio igualitario, no fue una casualidad, sino que se inscribe en una política de ampliación de derechos en asuntos vinculados a los géneros y las sexualidades: el régimen para las intervenciones de contracepción quirúrgica, y el programa nacional de educación sexual integral de 2006; la ley de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas de 2008; la ley de protección integral a las mujeres de 2009; la ley de identidad de género, y la ley de fecundación asistida de 2012. Esta ampliación de derechos tuvo, sin embargo, la enorme deuda de la despenalización y la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Esa deuda comenzó a saldarse en el año 2018 cuando en la votación por el proyecto de legalización del aborto, en la Cámara de Diputados y Diputadas, el 83% del bloque del FPV votó a favor del proyecto, mientras que solo el 39% del interbloque Cambiemos apoyó la iniciativa. Por su parte, en el Senado, los bloques se encontraban más fragmentados, y frente a la negativa de la Cámara, ocho de las y los nueve bancas que tenía el FPV se pronunciaron en favor de la sanción de la ley. Dentro de las y los ocho se encontraba la actual Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, compañera de fórmula de un Presidente que, además de crear el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, anunció el envío de un proyecto de ley para legalizar el aborto.  

¿Por qué es importante rescatar la importancia del movimiento LGTBIQ+? ¿Por qué vale la pena recordar las mayorías parlamentarias que permitieron reconocimientos de derechos? En primer lugar, por una memoria de corto plazo, por el triste recuerdo del gobierno de Mauricio Macri, que pensaba que la militancia era grasosa. Lejos de ello, la militancia es el músculo que hace fuerza para conseguir el reconocimiento de derechos, lograr su efectividad, pero también tiene una dimensión grasosa que permite acobijar el desamparo de los gobiernos como el de la Alianza Cambiemos. Pero además, es importante recuperar aquellos interrogantes porque resulta urgente desterrar un discurso de más largo aliento, que indica que los gobiernos populares –o populistas- atentan contra los derechos y las libertades.

El intelectual boliviano Luis Tapia ha destacado cómo, de modo quizás paradojal, en Nuestra América no han sido no las élites, como sucede en Europa, sino las organizaciones populares las que han batallado por la consolidación de las instituciones de la democracia representativa liberal. De manera ya no paradojal, sino absolutamente contradictoria, las derechas latinoamericanas embellecen sus discursos de protección de derechos y libertades, al mismo tiempo que sus prácticas gubernamentales son el mejor modo de refutar sus propias palabras. Como sucede con otros aspectos, las élites de derecha se apropian de lo que no les pertenece, y en Nuestra América sus voces se apropiaron de los derechos, mientras sus botas los pisaban.

En estos días que la derecha conservadora, y el liberalismo más o menos bien intencionado, reiteran que los gobiernos populares –o populistas- atentan contra los derechos y las libertades, los diez años de la ley de matrimonio igualitario marcan el ejemplo reciente de un largo camino –con baches y curvas sinuosas- de reconocimiento de derechos bajo los gobiernos populares, y de resistencias conservadoras frente a cualquier ampliación de derechos y libertades.


Sobre el autor

Mauro Benente es Doctor en Derecho. Profesor UNPAZ/UBA. Vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires. Director Ejecutivo de la Unidad de Planificación Estratégica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. 



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