5 claves de la ley de financiamiento político

La reforma impulsada por el Gobierno nacional habilita las donaciones de empresas a las campañas electorales, establece la bancarización de los aportes y reduce el espacio gratuito de publicidad audiovisual.

Con 148 votos a favor y 69 en contra, la Cámara de Diputados convirtió ayer en ley un nuevo esquema de financiamiento de los partidos políticos. La reforma, impulsada por el Gobierno nacional, contó con el apoyo de un sector del peronismo no kirchnerista. La novedad principal es que las empresas podrán realizar aportes a las campañas electorales, algo que hasta ahora estaba prohibido. A continuación, cinco las claves de la nueva legislación.

1) Financiamiento público y privado

La norma habilita las donaciones de empresas a las campañas electorales, que se suman al aporte que realiza el Estado. La contribución de las “personas físicas” a los partidos no podrá ser superior al 2% de los gastos permitidos para la campaña. Para la oposición, el cambio supone un avance de los intereses económicos por sobre los representantes políticos. “La ley es la privatización de la política”, sostuvo durante el debate el diputado del FpV Agustín Rossi. Para el Gobierno, la medida permitirá transparentar el financiamiento político.


2) Bancarización de los aportes

A partir de ahora, los aportes solo podrán hacerse por transferencia o depósito bancario y el donante deberá acreditar su identidad. Hasta la aprobación de la ley, la bancarización de contribuciones era opcional. Cambiemos sostiene que la medida permitirá mejorar el control sobre el financiamiento. En la campaña 2017, la gobernadora María Eugenia Vidal había quedado en el ojo de la tormenta luego de que trascendiera que una larga nómina de beneficiarios de planes sociales figuraban como aportantes truchos del oficialismo provincial.

3) Sindicatos, excluidos de los aportes

El peronismo no logró incluir a los sindicatos como sujetos habilitados a realizar aportes para la campaña. Los partidos,  además, no podrán recibir donaciones anónimas, de entes centralizados o descentralizados de los tres niveles de gobierno; de empresas contratistas o concesionarias de servicios u obras públicas; de personas o empresas vinculadas a los juegos de azar; y de gobiernos o entidades públicas extranjeras.


4) Publicidad audiovisual: menos espacio gratuito

La normativa aprobada reduce del 10% al 5% el tiempo total de programación audiovisual con fines electorales. A partir del 2020, la mitad del espacio cedido será considerado gratuito, y la otra mitad se tomará como forma de pago de impuestos nacionales. La oposición señaló durante el debate de ayer que esta disposición respondía al interés de los grandes medios de comunicación.

5) Regulación en redes sociales y publicidad digital

Desde este año, los partidos deberán rendir cuentas sobre los gastos efectuados en las plataformas digitales. Además, del total de los recursos públicos destinados a la publicidad digital, al menos el 35% deberá dirigirse a sitios periodísticos de producción nacional, y al menos 25% a webs de producción provincial.

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