Pepsico

Por: Carlos Leyba

La cuestión de Pepsico, además de haber ganado espacio en los medios por la acción policial destinada a desalojar una planta industrial tomada por alguno de los trabajadores de la empresa que se cerró, vuelve a ser protagonista de la información por la decisión judicial de reponer, en sus puestos, a un grupo de trabajadores despedidos.

La decisión judicial está fundada en la afirmación que la empresa no habría cumplido con los procedimientos de crisis normados por el Ministerio de Trabajo.

Ha trascendido que algunos de esos trabajadores, repuestos por la Justicia en sus cargos, ya habían acordado con la empresa su retiro.

También ha trascendido que, según el Ministerio, la empresa había realizado los procedimientos de crisis y por lo tanto el cierre estaba dentro de las normas “administrativas” vigentes.

Esta es una contradicción fácil de resolver con la documentación que atestigüe o no, los hechos por unos y otros argumentada. Uno de los dos está equivocado, o se cumplieron las normas o no se cumplieron. Pero en verdad ese hoy no es el problema. No hubo una reacción por “incumplimiento” de normas sino por un cierre en normas o fuera de ellas.

Por otra parte la actuación policial, con propósito de desalojo, ha sido criticada a pesar de haber sido realizada por orden judicial. En este caso se señala como negativa la celeridad de la jueza actuante. Nadie debe criticar la celeridad sino si la decisión corresponde a derecho o no.

Una apostilla. Desde el gobierno se comenta, con sentido crítico, el hecho que la Cámara, que repuso a los trabajadores, habría estado vinculada a la jueza que es esposa del diputado Héctor Recalde. Recalde fue acusado por Mauricio Macri como jefe de una mafia judicial del fuero laboral.

Desde la oposición “tipo Pagina12” se sostiene, por su parte, que la jueza que ordenó el desalojo es la esposa de un funcionario del PRO.

En ambos casos los críticos de las decisiones judiciales, unos y otros, no argumentan sobre lo jurídico de esas decisiones sino por los matrimonios involucrados en ellas. Por un lado matrimonios FPV por el otro matrimonios PRO. Así estamos. Así están los debates. Así está la Justicia. Un verdadero espanto. Volvamos.

También se ha mencionado la violencia de la actuación policial aunque, en esta acción de fuerza, en realidad los heridos han sido los policías y no los ocupantes de la planta.

Lo relevante no es computar de que lado estaban los heridos sino que hubo violencia como consecuencia de una acción directa y la represión ordenada por la Justicia.

Finalmente, algunos detenidos por la Policía – como consecuencia de las acciones violentas – no eran trabajadores de la empresa sino militantes sociales solidarios y algunos de ellos miembros de partidos políticos alineados en las corrientes antisistema capitalista.

En la mesa política, formada a posteriori de los hechos violentos, aparecieron algunos dirigentes oportunistas del kirchnerismo que estuvieron ausentes de la queja cuando operaciones policiales del mismo tenor (desalojos de rutas) se realizaron durante el gobierno de Cristina Kirchner.

Debemos anotar que no es el tema de la acción policial en sí lo que moviliza a algunos dirigentes sino quien lo hace.   

De este breve recuerdo son varios los temas y varias las dimensiones que sugiere su lectura.

El primero de todos es definir cuál es la cuestión principal detrás de este acontecimiento negativo en todas sus dimensiones.

Se ha cerrado una fuente de trabajo, en un lugar determinado, dejando a un número considerable de trabajadores sin empleo en ese lugar.

Por otra parte la oferta de bienes, que esa empresa producía, a partir de ahora tendrá en principio otra fuente de provisión de la misma empresa en otro lugar del país.

Para la estadística de empleo, dentro de un tiempo, el resultado tal vez sea neutral. Lo que se pierde en un lugar se gana en otro.

Pero no será neutral para la vida de los nuevos desempleados; y tampoco para quienes los rodean aunque, es cierto, en las grandes concentraciones urbanas ese número puede que pese “comercialmente poco”.

Si bien no parece importante, ha trascendido que, durante un período, habrá importaciones de algunos de esos mismos bienes, que se producían en la Planta de Vicente López.

La procedencia de las importaciones sería una planta de la misma empresa radicada en Chile. Las decisiones de cierre, apertura e importación son decisiones de una empresa multinacional.

Una segunda apostilla. Cabe señalar que las gerencias de las empresas de capital mayoritario extranjero no tienen, necesariamente, el mismo compromiso con el medio que el que, naturalmente, las empresas nacionales.

Una decisión empresaria como está ¿no exige una estrategia pública de compensación pública para con esas decisiones?

Quienes toman las decisiones en una multinacional no son los gerentes locales. Las decisiones se toman en una división de la sede central que se ocupa de las sucursales de “ultramar”. La información que ponderan está en la hoja de balance. Y la hoja de balance no registra las condiciones del medio. Registra las condiciones de la empresa. Las condiciones del medio son problema público. Y ello implica un compromiso permanente.

Las direcciones de las multinacionales no registran o en todo caso no registran el peso de las condiciones del medio. Por eso para la decisión empresaria las condiciones del medio resultan casi irrelevantes.

Una apertura, un cierre, un traslado, es una decisión más entre otras. Y sobre todo una decisión más respecto de una economía muy pequeña. La nuestra es la de un mercado de 40 millones de habitantes en el que el 30 por ciento está fuera del mercado (pobres) ; y del 70 por ciento restante el nivel de consumo “desarrollado” a lo sumo corresponde al 10 por ciento de la población.

No podemos no tener en cuenta estas condiciones para evaluar el marco en el que las compañías multinacionales toman sus decisiones. No deberían dejar de tenerlo en cuenta los gobiernos. 

Para este gobierno, se desprende de las declaraciones del Presidente, el cierre de esta empresa y de otras que ya han ocurrido y que – según ellos – ocurrirán, o el traslado de esta planta o de otras que podrían ocurrir, se debe a la presencia de comisiones sindicales internas radicalizadas e identificadas con los partidos de izquierda antisistema.

Cuando decimos antisistema, decimos comisiones sindicales que no sólo luchan por las reivindicaciones sociales de los trabajadores, esencial tarea del gremialismo, sino que además postulan el fin del sistema en que los bienes de capital son propiedad privada.

Casi todas las comisiones gremiales de izquierda postulan reivindicaciones, pero a la vez predican el socialismo. Esa es la diferencia central entre el gremialismo identificado con la CGT y los militantes de la izquierda sindical. 

La izquierda realiza la predica socialista con el objeto de ganar el poder en las urnas. No predican la lucha armada ni la toma de las fábricas para una “expropiación popular”. Es bueno tenerlo en cuenta.

Pero reaccionan en ciertas circunstancias en base al contexto que entienden como el de un sistema intrínsicamente injusto con el que no hay que negociar sino que hay que enfrentarlo para dar testimonio de las convicciones. Por ahí pasa “la toma”.Es un testimonio de lucha y de denuncia al sistema.    

Dicho esto cabe aclarar que son muchas las comisiones internas de fábrica que han sido ganadas por agrupaciones de izquierda como las que hemos caracterizado. Y no es menos cierto que no todas las empresas con comisiones de izquierda, se ven compelidas a cerrar o a trasladarse por  las condiciones de conflicto que imponen esas comisiones.

El paso del tiempo ha permitido, en muchos casos con comisiones internas de izquierda, relaciones empresa – trabajadores, digamos, razonables o similares a las que se tienen con otras dirigencias gremiales.

Son muchas mas las empresas con comisiones sindicales internas de izquierda que continúan su actividad que aquellas que la han interrumpido.

Suficiente argumento como para no poder sostener, como sostiene el gobierno, que la existencia de comisiones sindicales de izquierda impide la actividad productiva.

La explicación de Macri no parece fundada y en todo caso – si es que lo fuera – lleva a un callejón sin salida. El callejón sin salida de Macri es que o está pensando en abolir la democracia sindical al interior de las empresas o a proscribir a los dirigentes por la ideología. Obvio.

A este punto cabría preguntarse ¿no sería más razonable comprometerse a construir una economía capitalista que tenga valores y compromisos capaces de refutar, en los hechos, la irracionalidad quimérica de esas propuestas de la izquierda antisistema? 

A Mauricio Macri y a sus íntimos asesores, les vendría muy bien leer las Cartas Encíclicas del Papa Francisco para comprender los conflictos que se debaten en el mundo contemporáneo y cuáles son los ánimos de solución de los mismos con un espíritu humanista  y una práctica política no tan simplista ni elemental como la que proponen implícitamente Mauricio y sus asesores.

Tercera apostilla. Casi todos nuestros gobiernos de los últimos tiempos han sufrido de la influencia nefasta de una suerte de “monjes negros”, personajes ocultos y que, en todo caso, la voluntad popular no eligió y que, de haberlos conocido, jamás los habría elegido.

Se ocultan en público, pero ese “detrás del trono”. Eso les permite influir siempre contradiciendo la lógica elemental de un buen gobierno que, como es obvio, procura el Bien Común. Eso sólo hecho “el Común” obliga a la consulta, a la apertura, al diálogo y al consenso, que es su consecuencia civilizada.

Consulta, apertura, diálogo, consenso son imposibles para la supervivencia de los “monjes negros” que nacen – seguramente – de la debilidad conceptual de los asesorados.

Los “monjes negros” procuran exclusivamente conservar “su poder”, satisfacen su ego o su bolsillo o vaya saber qué.

Pero siempre es su propia satisfacción basada en una alta capacidad de seducción sobre el que decide. Lo aíslan. Lo alejan de los partidos, de las formaciones políticas de consulta, le arman una realidad ficticia que siempre los exculpa y pone la culpa fuera del gobernante al que asesoran porque seducen.

Los argumentos de seducción, a quien conduce, pueden ir desde el esoterismo, el afecto familiar, el “dominio de la información”, una supuesta sabiduría acerca de la manipulación de la opinión pública, etc.

En esa grilla se encuentran José López Rega que la llevó al cadalso a Isabel Martínez, o el hijo mayor de Fernando de la Rúa que terminó con el gobierno de su padre y en brazos de Shakira demostrando una “profunda vocación política”, o Enrique Nosiglia – el jefe de la Coordinadora – que anuló el gobierno de Raúl Alfonsín, aislándolo de, por ejemplo, el sindicalismo; y ahora, el dúo Marcos Peña y J. Duran Barba que lo empuja a Mauricio Macri a abandonar su primera intención que él mismo llamó el “arte del acuerdo”.

El Presidente, finalmente, no esta caminando en esa dirección. Justamente el manejo gubernamental de esta cuestiónPepsico, un clásico de las empresas en crisis y las que están en riesgo o las que estén por sobrevenir, es justamente el “arte del desacuerdo”. El arte que inspiran estos monjes negros.

López Rega, Antonito de la Rúa, Enrique Nosiglia, Duran y Peña, aíslaron y aíslan a los presidentes de la realidad y le generan, a quien decide, la cultura improductiva del amigo enemigo.

Días pasados un dirigente político que mantiene relación de amistad con el Presidente le acercó un planteo crítico  acerca de la marcha de la economía expuesto por un destacado consultor de la City porteña. La respuesta del Presidente fue “lo dice porque no me quiere”. No hubo argumentos: sólo el estás conmigo o estás en mi contra.

Esa es la conducta propia del seducido por los “monjes negros”, celos, antipatías, conspiraciones.

Volvamos al tema. Cualquiera sea el optimismo con que el gobierno ve el futuro, la realidad es que el desempleo está muy lejos de haber declinado y más lejos aún de la existencia de un proceso sostenido de creación de empleo.

Esa dinámica es un combustible demasiado eficaz para alimentar la conflictividad social. Más cuando ocurre en un escenario de pobreza enorme y de elevadísima marginalidad laboral. 

A nadie se le escapa que el presente es un escenario de conflictividad laboral.

Esa sola percepción de la realidad es mas que suficiente para poner toda la acción del gobierno no sólo en la lógica voluntad de procurar la creación de empleo a través de nuevas inversiones sino, y esencialmente, en tratar de preservar el empleo existente en cada lugar.

La empresa Pepsico adoptó la decisión de cierre y traslado. Lo mínimo que se puede decir es que no ha sido oportuna.

Si el clima fuera el de una economía en un crecimiento suficiente como para estar generando oportunidades de empleo, esa decisión podríamos imaginar que produce problemas transitorios para los que las indemnizaciones son compensaciones suficientes. Pero no es este el escenario.

Por el contrario se está gestando un escenario de cierre de plantas y de nuevo desempleo mas que uno de apertura de plantas y de nuevo empleo.

En este escenario la primera preocupación  del gobierno, mientras procura nuevas inversiones y nuevo empleo, es negociar el aplazamiento de los cierres y traslados hasta tanto el mercado laboral ofrezca signos de reactivación.

La tarea exige negociar, por parte del gobierno, que esas transformaciones empresarias o esos cierres se compadezcan con el proceso de creación de nuevo empleo con la que el gobierno debe estar comprometido.

Son las dos cosas, el presente y el futuro. Mientras el futuro deseado no haya mostrado signos de existencia, lo apropiado es administrar la crisis de modo que el presente no termine complicando la salida hacia el futuro.

Un conflicto como el de Pepsico, en todas sus dimensiones, claro que complica el presente y desde ya complica el futuro.

Los trabajadores que cobraron la indemnización disponen de recursos pero han perdido la condición de empleados.

Aunque en otro lugar otros la ganen, estos de aquí serán desocupados y como tales un problema para la sociedad y para el gobierno. La indemnización es siempre una compensación transitoria.

Si el gobierno realmente cree que la ruta elegida lleva a nuevas creaciones de empleo tiene a su favor el capital de esperar contra seguro.

En consecuencia debería haber tomado la decisión de forjar un puente, junto a la empresa, para pasar de este presente conflictivo hacia el futuro de creación de empleo del que el gobierno está convencido que está a la vuelta de la esquina.   

Pero por si acaso el gobierno debería dejar de lado como razón explicativa que los cierres y en definitiva el estancamiento sea producto de las comisiones de izquierda o de los juicios laborales.

No hay duda que el ausentismo y el relajamiento de las efectivas conductas laborales es un peso gravoso para la vida económica. Pero no es menos cierto que es la consecuencia de una cultura que deriva, aunque parezca paradójico, del estancamiento económico. Eso no ocurre en las economías en crecimiento. El huevo y la gallina.

El gobierno debería ocuparse de encontrar, por supuesto que existe, el camino para poner esta economía en marcha y lograr que el crecimiento deje atrás estos conflictos propios de estar demasiado tiempo en el mismo lugar.

Lo que es cierto es que no podrá encontrar el gobierno ese camino si lo sigue buscando por la misma dirección y sin escuchar a los que le dicen que el rumbo es equivocado o incierto.

El caso Pepsico es una demostración más de lo inútil que es encerrarse y empecinarse en poner la culpa en otro lugar cuando el que conduce es siempre el primer responsable aunque nunca el único.

Ni los créditos populares de última hora, ni las rebajas de canasta financiadas por un banco son una respuesta. No es lógico preocuparse por el consumo cuando uno se desentiende del empleo. Notable, esa misma estrategia fue la de los Kirchner. Y no fue buena. La salud de la economía es crear, cuidar, el empleo productivo.

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