Elecciones: ¿quién vigila al capacitador?

Por: Sergio De Piero

Leemos que la Cámara Nacional Electoral (CNE) ha delegado la capacitación de los presidentes de mesa para las elecciones de este año 2017 en una Organización no gubernamental llamada Ser Fiscal. La cuestión de fondo es antigua: “Quis custodiet ipsos custodes?” Esta expresión en latín, escrita por el poeta romano Juvenal del siglo I de nuestra era, suele traducirse como: “¿Quién vigila la vigilador?”. Es, sin dudas, una de las preguntas clave de la política desde que se piensa como tal. Si un grupo de personas es responsable de los asuntos públicos en nombre del conjunto: ¿qué mecanismos serán los óptimos para asegurar un grado de transparencia y eficacia razonable? La democracia ha desarrollado diferentes mecanismos de control basados en procedimientos públicos para garantizar los derechos ciudadanos. Como sabemos, esos mecanismos no siempre son lo eficientes que la ciudadanía, con razón, espera.

De cara a las elecciones legislativas que se acercan, la CNE firmó un convenio con la organización de la sociedad civil Ser Fiscal, para que esta asuma la capacitación de los presidentes de mesa del día de los comicios. Como ya informó El País Digital, se trata de un nucleamiento de organizaciones tales como la Sociedad Rural Argentina, la Fundación LED (de Silvana Giudici), ambiente Ciudadano (del Ministro Sergio Bergaman) y otras de menor conocimiento en el espacio público. La constante: el poblamiento de dirigentes sociales y políticos ligados a la alianza Cambiemos, partido gobernante. De hecho, como informó Sergio Abrevaya en una de las pocas notas que salieron en los medios masivos sobre el tema, el presidente de la Red Ser Fiscal es funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación, como director de Sociedad Civil y ONGs (aunque, en algunos medios, figura como Dirección de Bomberos y ONG). Claudio Bargach, el hombre en cuestión, es un reconocido militante del partido Unión por la Libertad, que forma parte de una alianza con el partido de la ministra Patricia Bulrrich. A su vez, la Red Federal Ser Fiscal surgió para capacitar a ciudadanos en la tarea de fiscalización de los comicios, según reza en su página web, www.serfiscal.org. Para ello, en las elecciones de 2015 realizó convenios con los principales partidos opositores en aquel momento: PRO, UCR, CC, FR, PS, entre otros. No así con el Justicialismo o el FPV. Frente a las elecciones de 2015, afirmaba en su sitio web: “Si el 22 de Noviembre lo logramos, definitivamente habremos dejado atrás el campeonato de las trampas y la falta de soberanía popular expresada en el voto”. Quizás con el resultado ya conocido, la victoria de Mauricio Macri, podía afirmar lo siguiente: “Debemos celebrar una jornada electoral desarrollada con normalidad y en paz”.

Por último, la red afirma recibir financiamiento externo, de parte de la Fundación Friedrich Naumann, ideológicamente cercana al Gobierno nacional, también para llevar adelante esta capacitación.

Resumiendo estos datos: la CNE delega una función que el Estado viene desarrollando con éxito, por lo menos desde 1983, en una red de organizaciones sociales, las cuales expresan un manifiesto apoyo a la alianza del Gobierno nacional, al punto que su principal referente es funcionario del actual Gobierno (nombrado por excepción, según se lee en el Boletín Oficial, ya que no reunía las condiciones mínimas para el cargo). Esa red sostenía, más o menos explícitamente, que en las elecciones de 2015 existía el peligro de fraude, sin presentar en su página algún argumento contundente para semejante afirmación, aunque alentaba a capacitar a ciudadanos para ejercer el rol del fiscal en esas elecciones.

Los interrogantes que nos abre esta situación son numerosos. En primer lugar, el convenio firmado entre la CNE y la Red se rompe con una importante trayectoria respecto a que esta capacitación era llevada adelante por organismos de Gobierno, como ya marcamos. A la vez, no se explicita la necesidad de transferir a una entidad privada aquello que el Estado ha desarrollado a través de los años: por caso, para la elección de 2015, la CNA había creado un sistema de capacitación virtual para las autoridades de mesa, el cual aún está en línea. No responde, por tanto, a una necesidad operativa, pues el Estado lo estaba implementando de manera eficiente y actualizada. Así, se rompe una tradición sin justificación alguna. Una tercera variable posible sería que las elecciones no se hubieran desarrollado con transparencia. Es decir, que a pesar de todos los controles y las capacitaciones implementadas por la CNE y también por la responsable de llevar adelante las elecciones, la Dirección Nacional Electoral (DINE) del Ministerio del Interior (que también elaboró manuales a tal efecto), hubiésemos tenido en la Argentina denuncias y resoluciones desde el Poder Judicial que sentenciaran que alguna elección fue adulterada. Sí hubo, en particular en 2015, la agitación del fantasma del fraude, el cual se desvaneció una vez que Mauricio Macri fue electo presidente de la Nación. En los últimos años ha habido miles de denuncias mediáticas que, a la hora de presentar pruebas, perdieron el énfasis. Por caso, la acusación de robo de boletas en el conurbano bonaerense, aunque existente, carece de impacto significativo en el plano electoral, tal cual puede leerse en el estudio realizado por CIPPEC para la elección de 2015.

Llegado a este punto, no encontramos razones o justificaciones que avalen esta discusión, pero sí podemos ingresar en el orden de las posibles consecuencias.

Decía al principio que la democracia ha buscado la creación de instituciones para garantizar el ejercicio pleno de los derechos por parte de los ciudadanos. La transparencia de los actos públicos es uno de esos mecanismos que permiten ese ejercicio (porque, recordémoslo, la transparencia no es un fin en sí mismo, sino un medio necesario para alcanzar, por ejemplo, el ejercicio de los derechos). En términos electorales, en la Argentina el Poder judicial, a través de la Cámara Nacional Electoral, es quien ordena el acto comicial y se convierte en la autoridad superior. A la vez, el Poder Ejecutivo, a través de la DINE, es la herramienta para la realización de esos mismos actos. Esta institucionalidad que logró construirse y fortalecerse desde el retorno a la democracia es, junto con la acción democrática del conjunto de los actores políticos, la que nos ha permitido elegir democráticamente a nuestras autoridades. La pregunta es, entonces: ¿por qué y para qué cambiarla? Cuando no se presentan las justificaciones, emergen las sospechas. Recordemos que durante 2016, a poco de haber asumido, la alianza Cambiemos intentó modificar el Código Electoral introduciendo el voto electrónico, propuesta que recibió el rechazo casi unánime de expertos en la materia y de partidos de la oposición, pues la vulnerabilidad del voto es alta en estos sistemas, abandonados ya por varios países europeos. Dicho de otro modo, esta decisión de renunciar a la capacitación de la autoridad estatal en el lugar de votación, pues eso es el presidente de mesa, se inscribe en una política de Cambiemos, a favor de modificar el desarrollo electoral. Y si bien es cierto que la decisión ha sido de una cámara del Poder Judicial, el beneficio parece recaer en el partido de gobierno. No sabemos el para qué, pero sabemos que puede ser riesgoso. Si el Estado se retira de los espacios donde se garantizan derechos y los cede a particulares, las consecuencias no pueden ser buenas. Máxime cuando las elecciones se han desarrollado bajo los procedimientos previstos y de ella han resultado triunfadores distintos partidos políticos (por caso, siendo gobierno, el kirchnerismo perdió en tres oportunidades en la Provincia de Buenos Aires, una tendencia al fraude muy particular).

Toda la literatura es contundente respecto a los cambios institucionales: estos deben partir de una planificación que trace con claridad objetivos y medios. Y en segundo lugar, existe un extendido consenso respecto a que el Estado no debe renunciar a aquello que involucre derechos y el destino del conjunto de la sociedad que preside. Esperemos que los experimentos no dañen un proceso que nos ha consolidado, nada menos, que la democracia.

*Sergio De Piero es editor del sitio http://artepolitica.com/. (En Twitter, @sergiodepiero)

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